En las últimas semanas las ‘Big Four’ han acaparado titulares de prensa y minutos de radio y televisión, tras una macrorredada de la Inspección de Trabajo para controlar los horarios de trabajo. Una operación ciertamente propagandística por parte del Ministerio de Trabajo en el comienzo del ciclo electoral, pero que pone de relieve la situación laboral en estas grandes empresas, aliada a su vez al Gobierno en la gestión de los fondos europeos.
Las ‘Big Four’: explotación de cuello blanco
Las ‘Big Four’ (las cuatro grandes) es el término en inglés utilizado para referirse a las compañías más importantes en el sector de la consultoría y auditoria a nivel mundial: Deloitte, PwC, Ernst & Young (EY) y KPMG. Estas empresas, que facturaron 2.5000 millones de euros en España, cuentan con cerca de 23.000 trabajadores en nuestro país: unas 8.000 en Deloitte y 5.000 respectivamente en EY, KPMG y PwC.
Cuando pensamos en precariedad y sobreexplotación solemos pensar en sectores como la hostelería, el turismo o el comercio, pero las consultoras, junto a los bancos de inversión o los grandes despachos, son algunos de esos empleos de “cuello blanco” donde las jornadas de trabajo maratonianas se prolongan hasta el fin de semana, no existe derecho a la desconexión digital y cuentan con una constante rotación de personal debido a los problemas de salud mental causados por la presión y el estrés.
Ya en 2021 se hizo viral la noticia de un grupo de trabajadores de Goldman Sachs en Estados Unidos que pedían trabajar ‘solo’ 80 horas semanales. Esta situación no era excepcional en la meca de la libertad americana, sino que se trata de una práctica extendida en el mundo capitalista avanzado, incluido España. Y no se trata de ningún secreto, es algo ampliamente conocido y normalizado. Cualquiera que conozca a algún joven consultor que trabaje en las torres de oficinas que confeccionan el skyline madrileño puede dar fe de ello.
De hecho, desde hace años, sindicatos, trabajadores y exempleados denuncian las jornadas y las condiciones laborales de estas compañías, pero se trata de un sector con una escasa tasa de afiliación sindical, poca capacidad de organización por las propias características de los puestos y plantillas instruidas con grandes dosis de individualismo, alienación e ideología burguesa que consiguen hacer creer a los trabajadores, incluidos los junior con bajísimos salarios, que algún día, tras mucho esfuerzo, podrán llegar a ser socios de la empresa. Pero esto no llega nunca, o más bien, llega para un reducido número de empleados. Por el contrario, lo que sí llega para la mayoría son problemas de ansiedad, depresión, problemas de pareja o imposibilidad para conciliar.
Y es que, precisamente, buena parte de los nuevos trabajadores son recién titulados sin experiencia laboral previa —la propia patronal reconoce que casi un tercio de los contratados en 2021—. Jóvenes a los que se inocula la idea de mejorar su situación a costa de sacrificios iniciales que, sin embargo, nunca se revierten y que llevan a no aguantar y abandonar a muchos de ellos (alrededor del 25%), en una suerte de picadora humanaque funciona al más puro estilo de las estafas piramidales.
Macroinspección de la autoridad laboral
El pasado 15 de noviembre, la Inspección de Trabajo llevó a cabo una actuación simultánea en las oficinas de Madrid de Deloitte, PwC, EY y KPMG, con el objetivo de comprobar si se respetan las jornadas laborales y si se pagan las horas extra. Según aparecía en la prensa de estas últimas semanas, fuentes de las ‘Big Four’ sostenían que nunca hasta ahora habían tenido una inspección de este tipo: por sorpresa y de manera coordinada. De hecho, algunos trabajadores relataban cómo cundió el pánico ante la visita y que incluso se desalojaron prácticamente plantas enteras antes de que llegaran a ellas los inspectores.
Para comprender cómo es posible que la Inspección de Trabajo haya tardado tanto en aparecer por estas grandes auditoras y consultoras, en las que es vox populi que no se respetan los límites legales sobre jornada máxima —recordemos, además, que desde 2019 el registro de las jornadas es obligatorio—, hay que entender que se trata de compañías muy bien relacionadas con el poder político y económico, siendo las garantes de las cuentas de las grandes compañías del IBEX 35 y trabajando frecuentemente al servicio de las instituciones políticas.
Partiendo de la base de que la labor de auditoría que realizan las ‘Big Four’ no puede ser independiente, puesto que esas cuatro empresas monopolísticas controlan buena parte del negocio, tras un fuerte proceso de concentración, estas compañías se han visto envueltas en numerosos escándalos fiscales y económicos en diferentes países, incluido España con la imputación de Deloitte en el caso de la salida a bolsa de Bankia. Sin embargo, siempre han salido prácticamente indemnes de cualquier escándalo en el que se han visto envueltas, gracias a sus buenos contactos con el poder.
Las ‘Big Four’: amigas y enemigas del Gobierno
Como decíamos, el pisoteo de derechos laborales en estas compañías no sorprende a nadie. Ya el año pasado, durante las negociaciones del convenio colectivo del sector, la Asociación de Empresas de Consultoría (AEC), la patronal que engloba a las Big Four, además de otras como Accenture o IBM, propuso incluir jornadas ordinarias más largas, de hasta 12 horas diarias, a voluntad de la empresa.
Pues a estas ejemplares empresas es precisamente a las que el Gobierno “pidió ayuda”, primero para diseñar el plan de recuperación y el decreto para gestionar los fondos europeos y después, para poner en marcha el ambicioso plan de 140.000 millones de euros destinados a sufragar las necesidades de modernización de los grandes monopolios utilizado dinero público.
Estas mismas consultoras que asesoran al Gobierno en la ejecución de los fondos europeos, son las mismas que han asesorado a las grandes empresas españolas para captar parte de esos fondos y poder financiar sus proyectos. Todo queda en casa. Como ejemplo, el Ministerio de Transición Ecológica adjudicó a Deloitte por el procedimiento de urgencia y, por tanto, con un concurso no publicitado, un contrato de 380.000 euros para gestiones relacionadas con los fondos europeos que no se especifican. Dicho contrato especifica que el adjudicatario “se compromete a adoptar las medidas necesarias para asegurar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos y de la documentación facilitada”.
Resulta que esas mismas compañías que se están enriqueciendo con ingentes cantidades de dinero público son ahora utilizadas como chivo expiatorio y le sirven al Ministerio de Trabajo, con Yolanda Díaz a la cabeza, para mostrarse ante la opinión pública como un azote de esas terribles empresas donde se incumple la legislación laboral. «Trabajo cerca de las ‘Big Four’», titulaba ElDiario.es, mientras que El País calificaba la actuación de “redada”, como si de la desarticulación de una banda criminal se tratase.
“Ninguna empresa está al margen de la ley, desde la más pequeña a la más grande, por muy grande que sea o incluso si es una consultora multinacional”, aseguraba Yolanda Díaz ante las preguntas de los medios acerca de la investigación. Pero lo mejor es cuando conocemos los detalles de las sanciones a las que se enfrentan las ‘Big Four’. Nada más y nada menos que a multas máximas de 7.500 euros por infringir la normativa relativa a las horas extraordinarias.
Es decir, el mismo Gobierno que firma multitud de contratos de cientos de miles de euros de dinero público con las ‘Big Four’, luego les echa una pequeña reprimenda en público para mostrarse ante su electorado como implacable con los poderosos. Un nuevo capítulo en la estrategia comunicativa del Gobierno de coalición, que con una hábil campaña de propaganda nos ha acostumbrado a lo largo de esta legislatura a utilizar el miedo a las consecuencias del capitalismo para apuntalar el capitalismo.