El curso 2022-23 comienza con la implantación de la nueva ley educativa, aunque determinados aspectos de la evaluación y la promoción de curso ya entraron en vigor a finales del curso pasado y lo cierto es que, la verdad, sin pena, ni gloria.
Quizás los equipos directivos puedan decir algunas palabras gruesas más sobre la puesta en marcha de la nueva ley y su calendario de aplicación que ha provocado auténticos desbarajustes y sobrecargado enormemente las tareas de dirección y coordinación educativa de los centros.
Una de las mayores faltas de respeto a la cacareada calidad educativa para el alumnado y que ha provocado un innecesario estrés extraordinario de inicio de curso es la cuestión de los curriculum para las diferentes etapas. Para quien no ande muy familiarizado con la legislación educativa, los decretos curriculares son la piedra angular para estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues bien, el curso arrancó con siete comunidades autónomas sin haber aprobado sus decretos de enseñanzas mínimas. Esto provoca que las programaciones docentes, la concreción de lo establecido en el curriculum a los centros educativos y los distintos grupos se hayan tenido que hacer con la mayor de las incertidumbres posibles. Luego que si excelencia, escuela moderna y patatas.
La nueva ley nos trae la luz competencial, es decir, la búsqueda de un nuevo maná metodológico para abandonar las anticuadas metodologías de los no suficientemente actualizados profesores (culpables de todos los males que pueda adolecer el sistema educativo, para más señas). La idea que se sustancia en las competencias, que por cierto ya encontraban amplio desarrollo en la LOMCE, puede ser suscrita por quien escribe estas líneas, el desarrollo de conocimientos y habilidades integradas para un desarrollo integral del alumno en la sociedad en la que se desenvuelve. Pero uno de los graves problemas de esta perspectiva es que en la sociedad actual se está formando a nuestro alumnado para ser ese trabajador flexible del futuro. Otro de los grandes problemas, las condiciones reales en las que se da el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que el Gobierno de España ha declinado la posibilidad de decretar ratios de 15 alumnos por aula y una menor carga lectiva (para que el equipo docente pueda trabajar en la tan cacareada interdisciplinariedad, por ejemplo). Más allá de eso, seguimos dando vueltas sobre los objetivos, contenidos, criterios de evaluación (desaparecen los estándares de aprendizaje) que ahora deben evaluar el grado de cumplimiento de las competencias clave y las específicas, sin que el aparente gran cambio curricular tenga asociados cambios en la organización de la enseñanza.
El Gobierno más progresista y guay de la historia sigue promoviendo entre nuestro alumnado la competencia emprendedora, eso sí, dándole una pincelada de ética y sostenibilidad para que no llame demasiado la atención. De hecho, esta idea se refuerza con la inclusión como optativa para 4º de ESO de Economía y Emprendimiento. No se ha sido tan progresista y guay para erradicar la religión de los centros educativos, que sigue presente, aun no computando en el expediente, apareciendo el gran misterio de Atención Educativa para quienes no opten por religión, que no es una asignatura espejo, pero se trata como si lo fuera.
Otra de las grandes novedades que ya entrara en vigor el curso pasado es la cuestión de la promoción o no de curso. Este es un debate bastante manoseado por unos y por otros, desde quien utilizan el aprobado y suspenso como criterio valorativo único del rendimiento escolar aislado del contexto de cada alumno, la cultura del esfuerzo y esas cosas, y desde quienes rechazan esta idea, señalan el efecto del contexto sobre el rendimiento escolar del alumnado, pero contribuyen a perpetuar mediante sus acciones y omisiones la situación de pobreza de amplias capas de la clase obrera y el pueblo. La nueva ley permite que pase de curso un alumno en cualquier circunstancia, siempre que eso favorezca su desarrollo integral. Esto legaliza una situación muy común en las juntas de evaluación, que era encajar las notas, los aprobados y suspensos fundamentalmente, en lo que se entendiera como más beneficioso para los alumnos, si pasar o repetir, lo único que ahora hay que adoptar el acuerdo de promoción sin tener que bailar las calificaciones. Esta novedad o el retorno a los programas de diversificación para evitar el fracaso y abandono escolar pueden tener muchas lecturas, pero debemos volver a la casilla de salida, en qué condiciones estudian nuestros alumnos y qué situación atraviesan las familias obreras, si no intervenimos sobre ello, la ecuación nos seguirá saliendo mal.
Por último, la nueva figura de Coordinador de Bienestar en los centros educativos, fruto de la Ley de Protección Integral a la Infancia. Esta figura es interesante verla junto con otra noticia de actualidad, como es la propuesta del PSOE en Madrid de abrir los centros educativos 11 meses, 12 horas al día. Qué bienestar va a poder ofrecer el nombrado Coordinador de Bienestar a nuestros alumnos con unos padres y madres que llegan triturados cada día a casa tras dejarse las fuerzas y las energías en uno, dos o más trabajos. Qué ley por rimbombante que sea va a proteger a la infancia de la esclavitud asalariada de sus padres. Ninguna. Las leyes que van promoviéndose van en sentido contrario, en garantizar que los trabajadores puedan ser explotados en las mejores condiciones posibles, llamándolo conciliación y flexibilidad para pasarlo de contrabando.