Hablar de corrupción en España resulta casi tedioso. Ninguna institución del dominio capitalista en España se libra de la mácula de la corrupción; presidentes de gobierno, principales partidos políticos capitalistas, jueces, policías, mandos militares, la Casa Real… la lista podría llenar todas las páginas de este periódico. Nombres como Púnica, Malaya, Palma Arena, EREs de Andalucía o 3 per cent resuenan en el imaginario colectivo como auténticos atracos al pueblo. Se calcula que el coste total de la corrupción supone más de 124 mil millones de euros.
A pesar de lo grave del asunto, han sido tan numerosos los casos de corrupción que el hecho de que se articulen redes dedicadas al expolio del dinero público ya genera poco más que apatía en la población. Quizás por eso aumente la sensación de impunidad de algunos, que hasta en los peores momentos encuentran la oportunidad de llenarse un poco más los bolsillos.
En los últimos meses hemos ido conociendo distintos casos de corrupción asociados a los contratos de emergencia concertados durante el Estado de Alarma y el paso de la borrasca Filomena. Mientras miles de personas morían a diario varios familiares y amigos de dirigentes del Partido Popular de Madrid, como Isabel Díaz Ayuso o Jose Luis Martínez Almeida, se embolsaban importantes comisiones a cambio de ejercer de intermediarios con empresas que suministraron diverso material preventivo frente a la covid-19. Mientras unos éramos obligados a trabajar sin ningún tipo de protección, otros se jactaban de llevárselo “pa la saca”. Esta falta de escrúpulos no es exclusiva del capitalismo, pero sí nos permite observar con nitidez algunos elementos.
Lo primero que debemos señalar cuando hablamos de corrupción es que resulta habitual que el foco mediático se sitúe sobre el corrupto, mientras que pocas veces se señala a quien se beneficia de los amaños, adjudicaciones y contratos articulados por este. Conocemos mucho acerca de los sobresueldos repartidos en el Partido Popular o de las tramas de corrupción en la Comunitat Valenciana, pero conocemos muy poco de quien está detrás de las empresas que se benefician del amaño de los procesos de contratación. Es ahí donde radica el punto clave de la cuestión.
A pesar de que se nos presente de manera insistente la política y la economía como dos esferas diferenciadas e independientes, estas están plenamente interconectadas a través de los intereses de la clase dominante. Las decisiones que se toman en las diferentes instancias políticas obedecen a las necesidades y los intereses de una u otra sección de la burguesía, a la vez que estas canalizan su influencia por diversas vías hacia una u otra corriente política. Se trata de una relación dialéctica y compleja, que permanentemente trata de ser enmascarada para sostener la ilusión de que formamos parte de una sociedad democrática cuyo gobierno no expresa más que la voluntad de una mayoría definida electoralmente.
La corrupción pone estas relaciones al desnudo, demostrando por la vía de los hechos cómo determinados gobiernos y partidos políticos maniobran para favorecer a unos empresarios frente a otros a cambio de apoyo financiero, influencia o una lucrativa futura carrera en su consejo de administración. Si seguimos el hilo de la corrupción podremos observar las interconexiones existentes entre determinados grupos capitalistas y partidos políticos concretos.
Estas conexiones, correlaciones e interdependencias no se dan exclusivamente en el campo de las acciones ilícitas, más bien al contrario. La corrupción es sólo el atajo para recorrer en el menor tiempo posible el camino habitual hacia la ganancia. Existen multitud de mecanismos por los cuales la misma lógica de intereses compartidos que presenta la corrupción se da de forma legal. Y si no que se lo pregunten a Luis Rubiales, Gerard Piqué y los jeques saudíes. El pecado original no está en el hecho mismo de la corrupción, sino en el sistema capitalista que la ampara y reproduce bajo sus mismas lógicas: maximizar las ganancias a toda costa, sea en A o en B.
Quizás sólo así, quienes tejíamos las mascarillas que faltaban en los hospitales públicos y residencias de mayores, seamos capaces de comprender cómo personajes de la talla de Tomás Díaz Ayuso, Luis Medina o Alberto Luceño hayan sido capaces de embolsarse comisiones millonarias a costa de mercadear con un bien de primera necesidad para el pueblo.
Todo parece indicar que la corrupción como fenómeno está intrínsecamente ligada a la propiedad privada y aunque no lo podamos demostrar científicamente en estas breves líneas sí que podemos apuntar una certeza: sólo desde la superación de un sistema fundamentado en la apropiación privada de los frutos del trabajo ajeno seremos capaces de sentar las bases para una nueva moral donde el robo, la acumulación y la avaricia no sean más que un mal recuerdo. Manos a la obra.