El pasado 18 de abril, un rotativo norteamericano se hacía eco de una investigación de un centro tecnológico canadiense según la cual 63 personas del entorno independentista habrían tenido los teléfonos intervenidos por el programa Pegasus. Entre los afectados habría 4 presidentes de la Generalitat, diputados, dirigentes de asociaciones independentistas o abogados.
Pegasus es un programa del grupo israelí NSO Group que sólo se vende a gobiernos. En el periódico El País se confirmó que el CNI compró Pegasus a medianos de 2020 por nada menos que 6 millones de euros, un orden de magnitud que casa con los costes de instalación, mantenimiento y licencias que se han publicado de la compañía.
Por si había alguna duda de que el CNI, y sólo el CNI, puede estar detrás del espionaje, Margarita Robles se ha encargado de confirmarlo con su defensa. Su defensa de la “honorabilidad y legalidad” de los funcionarios del estado ha sido enseñar la patita de la justificación del espionaje a la par que amenazar a aquellos que osen acusarla de cometer ilegalidades.
El debate sobre la legalidad de las escuchas parece haber quedado enterrado, puesto que ningún juez del tribunal supremo puede justificar de manera alguna que el estado espíe a abogados mientras están defendiendo a unos dirigentes independentistas acusados por el propio estado.
El relato ha ido bailando estos últimos días de abril entre la negación de los hechos, la defensa de su legalidad hasta llegar a la justificación. A principios de mayo parece que una mente brillante ha decidido dar un giro de guion, victimizando a los dos principales responsables políticos de espiar a la oposición, Margarita Robles y Pedro Sánchez. En un hecho insólito, el gobierno comparece y anuncia que ellos también han sido espiados.
Se abren tres posibilidades en este punto. Primero, que el gobierno haya sido espiado por un país extranjero, como Marruecos. Esta es una situación verosímil, pero que en ningún momento quita responsabilidad alguna al CNI y al PSOE de haber cometido gravísimas ilegalidades contra la disidencia independentista, puesto que es obvio que ni Marruecos, ni ningún otro país del mundo salvo España, tiene ningún interés en espiar a Puigdemont y compañía. En este caso, el anuncio del gobierno en este momento solamente se puede entender como cortina de humo para desviar el debate, generar confusión y salir airoso de la situación. La segunda posibilidad es que el CNI actuara al margen de la voluntad del gobierno. A este relato se van a aferrar PODEMOS y parte del PSOE para denunciar a un supuesto estado profundo fascista que busca dinamitar desde dentro el gobierno de coalición. Como si los cargos de confianza y las partidas presupuestarias para comprar Pegasus escaparan totalmente de las manos del ministerio de defensa. La tercera posibilidad es que sea un gran invento para virar el foco de atención y quitar la presión de encima a Margarita Robles. En cualquiera de los casos, el gobierno tiene toda la responsabilidad en la comisión de actos delictivos, algo a lo que el PSOE nos tiene acostumbrados.
Pero el problema de fondo no es que haya salido a la luz que el estado espía a la oposición y que la democracia es una farsa. Sólo los más ingenuos se creen que esto no es la dinámica habitual de este y otros estados capitalistas. El problema de fondo es la reacción que esto causa en la sociedad. Aunque todo el mundo supiera o intuyera estos hechos, era un consenso general hace unos años que cuando se destapaban casos como Pegasus, lo que tocaba era negarlo o, si no se podía, dimitir para renovar la imagen de impoluta democracia a ojos de la opinión pública. Lo nuevo es la generalización del “sí, hemos espiado, ¿y qué?”; y entre la derecha, una competición demencial para ver quien es menos sutil en el apoyo a las escuchas ilegales. Todo ello muestra que el anticatalanismo ha sido una enorme tuneladora, junto a la pandemia y ahora, la guerra, para penetrar las ideas más reaccionarias en las mentes de la mayoría social. Sobre la misma base que se justifican escuchas, mañana se justificarán torturas o asesinatos. Si bien esto es un fenómeno que ya existió con ETA, hoy vemos que se ha extendido y reforzado. Cuando están admitiendo sobrepasar los propios límites de la legalidad burguesa lo que están haciendo es llamar al fascismo.
Ante esta radicalización de la clase dominante y de una gran parte de la sociedad, a los comunistas no nos toca volver a reconstruir la imagen de la ideal democracia burguesa tal como intentará hacer la socialdemocracia. Los comunistas debemos aprovechar esta radicalización burguesa para radicalizar a la clase obrera y sacudir de las consciencias de nuestra clase cualquier atisbo de esperanza hacia la democracia parlamentaria. En cada ocasión que la burguesía y su estado sobrepasan sus propias leyes para mantener su dominio, debemos aprovecharlo para explicar a nuestros compañeros que la lucha se dirime en dos campos antagónicos entre los cuales no puede haber consensos ni buenas prácticas de ningún tipo. La clase obrera debe tomar un nivel de organización acorde al tipo de enemigo que tiene enfrente.