El 18 de marzo debería debería pasar a la historia como el “día de la vergüenza” de la política exterior del imperialismo español. Ese día, el régimen marroquí daba a conocer la carta dirigida por Pedro Sánchez a Mohamed VI, fechada a 14 de marzo, en la que el presidente español claudicaba ante la presión alauita:
“Reconozco la importancia que tiene la cuestión del Sáhara Occidental para Marruecos y los esfuerzos serios y creíbles, en el marco de Naciones Unidas, para encontrar una solución mutuamente aceptable. En este sentido, España considera que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo.”
Un nuevo episodio de la constante felonía del Estado español hacia el pueblo saharaui ocultando al pueblo la verdad. Días después, conocíamos los argumentos esgrimidos por el PSOE por boca del Ministro de Exteriores, José Manuel Albares, antes Embajador de España en la República Francesa (casualmente), y en la conferencia de prensa del Presidente del Gobierno en su viaje relámpago a Ceuta. En síntesis, el argumentario se basa en tres ejes: España adopta la misma postura de otras potencias europeas como Francia y Alemania; se trata de buscar una salida realista al conflicto, en la medida en que la autodeterminación del pueblo saharaui no es viable; y se garantiza la integridad territorial española, en referencia a los enclaves de Ceuta y Melilla.
El primero de esos ejes, empleado como argumento de autoridad, parte de la premisa de entender que la posición francesa y alemana es la correcta. Obviamente, sin analizar esa posición, su injusticia con el pueblo saharaui ni sus posibles contradicciones con los intereses del pueblo español. El segundo de los ejes, contiene una evidente manipulación. Tras la tregua firmada en septiembre de 1991 entre Marruecos y el Frente Polisario, el Plan de Paz de la ONU preveía la celebración de un referéndum de autodeterminación en 1992. Efectivamente, no fue posible. Pero no lo fue por el boicot del régimen marroquí, responsable directo del incumplimiento de las resoluciones de la ONU desde 1970, primero con la complicidad del franquismo y, después, con la complicidad de todos los gobiernos españoles hasta la fecha.
Detengámonos en el tercer argumento: preservar la integridad territorial española, porque aquí residen, en realidad, las claves de la claudicación del gobierno español. La crisis diplomática con el régimen marroquí, tras la llegada a España del ciudadano español y Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Gali, en 2021, para ser atendido de sus dolencias, fue utilizada como pretexto de la crisis. La monarquía alauita empleó como arma a miles de ciudadanos migrantes para incrementar la presión sobre Ceuta y Melilla, cerró las fronteras con el pretexto de la pandemia y retiró a su embajadora en Madrid. El conflicto estaba servido como parte de las contradicciones existentes entre las oligarquías de ambos países.
Marruecos nunca renunció ni renunciará a la soberanía sobre Ceuta, Melilla y el resto de enclaves españoles en lo que considera su territorio. A su vez, en su aspiración por escalar posiciones en el marco de la pirámide imperialista, Marruecos lleva tiempo intensificando una política expansionista apoyándose en su alianza con los EEUU.
Los acuerdos militares con EEUU y las maniobras África Lion 2021, en las que participaron otros cinco países, llevadas a cabo en plena crisis diplomática entre España y Marruecos, causaron vértigo en el gobierno español. Debe tomarse en cuenta que los acuerdos de ingreso de España en la OTAN no hacen referencia alguna a Ceuta y Melilla, que Estados Unidos cuenta en el sur español con las bases de Rota y Morón y que la colonia británica de Gibraltar reviste una importancia militar de primer orden.
A su vez, desde el año 2020, Marruecos ha intensificado su presión sobre las Islas Canarias, aprobando dos leyes mediante las cuales amplía unilateralmente sus aguas territoriales apropiándose del espacio marítimo del Sáhara Occidental (y de sus caladeros) y amenazando las aguas canarias. Y no se trata de una mera amenaza. De hecho, en su nueva alianza con el régimen sionista de Israel, Marruecos ha anunciado un acuerdo bilateral para explorar las reservas petrolíferas y gasísticas que existen, precisamente, en esas aguas.
En esa coyuntura, completada con la crisis energética y con el inicio de la guerra en Ucrania, lo que ha hecho el gobierno español es, sencillamente, ceder. Entregar definitivamente al pueblo saharaui a su suerte tratándolo como un mero peón en una complicada partida de ajedrez en la que España lleva más de cuatro décadas jugando a la defensiva, sometida a los intereses empresariales de quienes llevan décadas saqueando los recursos saharauis y obteniendo pingues beneficios de sus negocios con Marruecos, incluida la Casa Real y la industria armamentista española.
Mientras las relaciones entre España y Marruecos estén basadas en la lógica imperialista no habrá solución pacífica y duradera al conflicto. Sostener que la completa renuncia española a desempeñar el papel que le corresponde en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, sacrificando al hermano pueblo saharaui, en unos “acuerdos secretos” que supuestamente garantizan la integridad territorial resulta pueril, un crimen de lesa humanidad y, si me apuran, de lesa patria.
El actual gobierno español, presentado a nuestro pueblo como el más progresista de la historia, no es más que un gobierno de títeres de los monopolios y de potencias foráneas. En la lucha del pueblo saharaui, que mal que les pese continuará, se expresa el futuro de esa otra España que solo pueden construir los trabajadores.