La guerra en Ucrania provocada por la invasión rusa ha venido a agravar los problemas que ya estaban afrontando la clase obrera y los sectores populares tras la crisis catalizada por la pandemia, particularmente los derivados de la subida constante de precios que venía produciéndose desde comienzos de 2021.
La inflación galopante que, por el momento, no tiene visos de contenerse, no ha ido en ningún momento acompañada de una subida al menos equivalente en los salarios, de modo que, mes tras mes, la mayoría trabajadora ve cómo, con el mismo dinero, cada vez le cuesta más la cobertura de sus necesidades básicas.
Ante esta dramática situación, el Gobierno socialdemócrata ha propuesto, dentro del pomposamente denominado Plan Nacional de Respuesta a la Guerra, una medida que se ha publicitado como pacto de rentas y que persigue, en palabras del propio Ejecutivo, contener los salarios y los beneficios empresariales para evitar que continúe la espiral inflacionista.
La propuesta se realizó pocos días después de que se publicara que las empresas cotizadas españolas (el IBEX-35) habían tenido beneficios récord en 2021, más de 53.000 millones de euros, de los que 19.700 correspondieron a la banca, 10.000 a las empresas del sector de la energía, más de 13.000 a ArcelorMittal, más de 8.000 a Telefónica y más de 3.000 a ACS, empresas todas ellas que han planteado ERTEs y ERE en los últimos tiempos o que los están planteando en esos momentos.
¿A quién pretende engañar el Gobierno cuando propone contener salarios y beneficios empresariales cuando los monopolios españoles han tenido cifras estratosféricas de beneficios? Evidentemente, a la mayoría trabajadora, planteándonos nuevamente ante un falso dilema derivado de la identificación de los intereses de los trabajadores y los capitalistas que busca, además, culpabilizar a la población asalariada de la situación de empeoramiento de sus condiciones de vida.
El incremento de los precios de las materias primas viene produciéndose mucho antes del estallido de la guerra. Tiene mucho que ver no solamente con las consecuencias del parón de actividad que se produjo en 2020, sino muy especialmente por el incremento de la especulación sobre las mismas. Pero de esto se habla poco y siempre sale más a cuenta a los gobiernos que gestionan el capitalismo tratar de buscar mecanismos para que el capital recupere su rentabilidad a costa de la mayoría trabajadora. Dicho en plata, quieren que cobremos menos pero tratan de ocultar que, si cobramos menos, nuestro patrón gana más, y ahí está el verdadero objetivo del pacto de rentas, ni más ni menos.
La consigna del pacto de rentas, lanzada también en el preciso momento en que patronal y sindicatos comenzaban a negociar el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que marca con carácter general los límites para las subidas salariales durante su período de vigencia, pretende conseguir que una medida de este tipo no sea decisión del mismo Gobierno, sino de los “agentes sociales”.
La búsqueda constante de la corresponsabilidad de las organizaciones sindicales mayoritarias en todas y cada una de las medidas lesivas contra los intereses de la clase obrera que se han ido adoptando en los últimos años debería mover a la reflexión a más de uno, sobre todo cuando se pregunta por qué razón está funcionando tan bien la campaña antisindical desatada en los últimos tiempos.
Si los trabajadores y trabajadoras no están en las calles masivamente exigiendo una mejora de sus condiciones de vida y trabajo es porque las principales organizaciones sindicales están dispuestas a comprar las medidas propuestas de la socialdemocracia, están comprometidas a contener cualquier malestar social insistiendo en los supuestos beneficios para la mayoría trabajadora de unas medidas diseñadas para garantizar la supervivencia de los monopolios.
Así, no es de extrañar que el malestar social empiece a surgir por donde no debe, que es por la vertiente de los sectores de pequeños propietarios y de pequeños y medianos burgueses que se consideran desamparados por el Gobierno, en un momento de gran desmovilización de la clase obrera. En tales condiciones los peligros son muchos, pero el principal es que se generalicen posturas todavía más agresivas contra los derechos económicos y de representación de los trabajadores y trabajadoras, que finalmente redundarán en beneficio de la clase capitalista en su conjunto.
La movilización de la mayoría trabajadora por sus derechos, por sus condiciones de vida y por sus intereses es una necesidad. Quienes prefieren mantener un perfil bajo ahora bajo el argumento de que las movilizaciones benefician a la extrema derecha o generan mayor inestabilidad en un momento muy complejo deberían valorar a quién interesa esa postura y cuáles son los peligros que encierra a medio y largo plazo. Porque luego no valdrán los lamentos.