El pasado mes de enero volvió a situarse en los titulares los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia. Una ignominia que recurrentemente aparece en los medios. La pederastia como endemia del clero ante la que solo cabe la indolencia de la justicia. Simplemente, siempre se ha sabido que estaba, pero nunca se ha hecho nada porque no siga estando. Una buena muestra del poder e impunidad total de la Iglesia.
Sin embargo, esta vez el gobierno sí que ha movido ficha. A principios del mes pasado, la Mesa del Congreso votó la creación de una “Comisión Independiente” que investigaría los casos de pederastia en el seno de la Iglesia. Hay dos posiciones sobre cómo constituir esta comisión.
Según el PSOE, se trataría de que el Defensor del Pueblo (Gabilondo) dirija los trabajos de investigación con una comisión de expertos y representantes de los obispos. El solo planteamiento apunta los intereses propagandísticos del Gobierno, más que a la determinación por investigar los casos de pederastia y acabar con ellos para siempre. Para empezar, han comenzado disculpándose ante la Iglesia, manifestando que no quieren que se interprete como un ataque a la institución y que, en esa línea, incorporarán a un representante eclesiástico. Que el acusado sea el investigador del delito supone, además del total desprestigio de dicha comisión en lo que al rigor y objetividad se refiere, una declaración de intenciones que deja claro que no se quieren abordar los abusos sistemáticos en la Iglesia sino desviar la atención hacia casos individuales que acaben salvando en la tierra lo que la historia condenará: una Iglesia que tiene que prender más y más incienso para ocultar el olor a oprobio que escapa por sus ventanales.
Alguien dirá que, por lo menos, ahora se empieza a hablar del asunto. Que, por lo menos, con sus defectos, se crearía una comisión de investigación. Ahora bien, ¿qué averiguaciones hará una comisión compuesta, entre otros, por aquellos representantes de la institución que ha ocultado deliberadamente los casos de pederastia? Sin embargo, aunque no dudáramos de las buenas intenciones de los “representantes” de la comisión, no valdría lo que vale nuestra juventud, si no atajamos la raíz sistémica del problema. Y, en eso, tampoco mejora la propuesta de Unidas Podemos, para las que la comisión se constituiría en el Congreso, que sería el que instruiría el proceso de investigación. Esta propuesta no acaba con las condiciones de reproducción de la pederastia. A lo más, pone un parche para reparar algunos de los casos pasados.
No estamos hablando solo de un abismo hipócrita que separaría los principios y la práctica de los eclesiásticos. Se trata de determinar cuáles son las condiciones estructurales que han permitido la pederastia en el seno de la Iglesia durante décadas. Porque los abusos se producen en las penumbras. Allí donde no existe la claridad suficiente para que nuestro pueblo, con su mano transparente, defienda a los más vulnerables. Sombras que el Estado proyecta financiando los muros que dan cobijo al oprobio. Dice el Concordato: “el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico”. Un Estado y un Gobierno que tiene compromisos con la sotana y que no tienen intención alguna de disputar su poder.
Cuando la educación de nuestros niños, que debiera estar blindada y controlada por el poder político ejercido por los trabajadores de nuestro país, es transferida a las instituciones religiosas, se degrada la luz del sol a la opacidad de las sacristías que permiten los abusos y el encubrimiento. Tal es el efecto de tratar la educación como el refectorio privado de la Iglesia y no como el patrimonio de nuestra juventud y de nuestro país. Solo con el control público de lo que es colectivo y con la desarticulación de la posibilidad de la pederastia sistémica es posible acabar con los casos de abusos sexuales en la Iglesia.
Por qué no se ha investigado hasta el momento, es algo que solo puede explicarse desde el tremendo poder que posee la Iglesia en el terreno político y en multitud de instituciones, gran parte de ellas sostenidas con fondos públicos, como ocurre en congregaciones como salesianos, maristas o lasallanos, que cuentan con cuantiosos conciertos educativos donde se sufraga con dinero público sus intereses privados. Cuando se toma el espacio público como la red de mercado particular, se encubre el crimen. Deja de ser un asunto común y se vuelve un asunto privado merced a sus dueños. Suceden las penumbras. El propio Jesucristo lo sabía bien cuando expulsó a los mercaderes del Templo. “No hagáis de la Casa de mi Padre una casa de comercio”, afirmó.
Sin embargo, las intenciones del Gobierno no es quitar a los religiosos su casa de comercio. No tiene deseo alguno de revocar el Concordato. Más bien, se trata de otro más de sus gestos políticos que permitan agrupar a su electorado frente a la “derecha”, donde, fiel al espíritu del relato, o más bien a la farsa en el que se ha convertido su política, no se trata ya del gatopardismo, “cambiar todo para que nada cambie”, sino de aparentar que se hace algo para ganar algún aplauso y dejar todo igual. Y seguir pagando con dinero público el mantenimiento de los muros que dan penumbra a la indecencia y echar más incienso para tapar el olor cerrado a sacristía. Pero que tengan cuidado, que el Quinto Regimiento se fundó en el patio de un convento.