Hemos asistido desde agosto a un imparable incremento de los precios del suministro eléctrico, los carburantes y la cesta de la compra. Desde esta tribuna que es el Nuevo Rumbo se ha hablado largo y tendido sobre este tema. A los ojos del común de los mortales se nos ha aparecido una situación de explicación sencilla, en la cual el problema es el precio de los suministros energéticos y la solución pasa por poner freno al precio de esos suministros. Por un lado legislando, regulando los precios y regulando también el propio mercado eléctrico y por otro lado, creando una gran empresa pública comercializadora de electricidad son las propuestas que la nueva y la vieja socialdemocracia proponen como solución. En Barcelona y Cádiz, desde hace aproximadamente tres años, existen dos empresas distribuidoras municipales que proveen de suministro eléctrico. Ahora bien ¿De dónde proviene la energía que suministran estas dos empresas comercializadoras?
En España existen cuatro productores de energía eléctrica en régimen ordinario y especial, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. Estas son las empresas que cuentan con mayor capacidad de producción, siendo además los propietarios de las centrales eléctricas responsables de generar la energía que consumimos en nuestros hogares. Además gestionan toda una red de suministro y distribución de gas. Ahora continuemos con otra pregunta: ¿Como se fija el precio del suministro eléctrico?
Para empezar, es necesario recordar que la energía eléctrica no se puede almacenar, puesto que no existe aún una tecnología capaz de hacerlo. Diariamente se fija el precio de la luz en España a través del ‘pool eléctrico’, que determina las unidades de electricidad que se van a producir y sus precios con el objetivo de cubrir la demanda prevista para cada hora del día. Un mercado de abastos donde se hace negocio con un bien de primera necesidad como es la electricidad. Por lo tanto, esas empresas comercializadoras públicas antes mencionadas compran la energía en este mercado, bajo las mismas reglas de competencia que el resto.
Barcelona Energía, la eléctrica pública que puso en marcha Ada Colau, con 3.000 clientes en sus dos años y medio de vida, puede considerarse la historia de un fracaso. Los mejores precios —que no buenos precios— para una familia obrera en el mercado liberalizado en la Ciudad Condal los tienen Iberdrola y Endesa. Curiosamente otra comercializadora que sí que aparece en el listado con una mejor oferta que Barcelona Energía es Eléctrica de Cádiz, la alianza entre el Ayuntamiento de Cádiz, que tiene el 55% del capital, junto con Endesa.
Independientemente del color del gobierno de turno, desde los años noventa del siglo pasado, las compañías del sector eléctrico reclamaban el fin de la regulación e intervención estatal sobre el mercado eléctrico. Algunas de esas empresas, producto del proceso de privatización del sector que comenzó en 1988, bajo el Gobierno de Felipe González, y que culminó bajo el Ejecutivo de José María Aznar, reclamaban una liberalización total del mercado eléctrico.
En 1997, José María Aznar aprobó el inicio del proceso de liberalización de la generación y comercialización de la energía eléctrica, en sintonía con lo que dictaba la Unión Europea. Desde entonces todos los gobiernos, el de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y ahora Pedro Sanchez, no han hecho más que profundizar en las mismas medidas, garantizando que las reglas de ese mercado sean dictadas por cuatro grandes empresas. No es cuestión de que tal o cual gobierno sea un mal menor a la hora de pagar el precio de la electricidad. Es cuestión de que todos los gobiernos siguen la hoja de ruta de esas cuatro corporaciones.
El mercado capitalista tiene la capacidad de influir en los gobiernos. No solo porque existan puertas giratorias que hacen que multitud de ministros de todos los colores se encuentren trabajando en grandes corporaciones, también por la sintonía ideológica que existe entre los propietarios de esas corporaciones y los partidos que conforman finalmente los gobiernos. Todos tienen por objetivo facilitar los negocios bajo las reglas del mercado capitalista. Si no se quieren hacer políticas a favor de la mayoría obrera, es porque se quieren hacer políticas a favor de los grandes monopolios. Y como las dos cosas no pueden conciliarse, se buscan titulares populistas que el marco comunitario europeo impide desarrollar. Por supuesto este no es el único motivo por el cual no se puede legislar a favor de la mayoría obrera y trabajadora. Es mercado, amigo, decía Rodrigo Rato. Y con gran acierto apuntaba hacia dónde se sitúa el poder real. Lo que viene siendo, en el argot castellano, tener a los gobiernos cogidos por los huevos.
Este invierno viene con perspectivas nada halagüeñas para la clase obrera. Los precios subirán por la lógica de un mercado liberalizado, dejando patente que además de todo lo dicho, no hay soberanía energética. No está en manos del pueblo. Por eso, el sector energético debe de ser nacionalizado. Sin sector energético nacionalizado, bajo control obrero y con una estrategia de distribución que tenga en cuenta las necesidades de la clase obrera, los precios seguirán subiendo.