El pasado jueves 16 de diciembre Manuel Castells anunció su dimisión del Gobierno de coalición PSOE-UP. Castells abandona la cartera de Universidades después de dos años muy cómodos en los que, alejado del ruido mediático, su legado es una reforma universitaria que ataca frontal y directamente al estudiantado y a la comunidad educativa.
Después de su anuncio todo fueron comentarios irónicos y risas. Lo más escuchado fue que Castells no había hecho nada durante estos dos años, y es cierto a medias. El ya exministro ha destacado por sus escasas apariciones y declaraciones públicas, incluso durante los peores meses de confinamiento de 2020, donde el sistema universitario se vio sumido en el caos por la docencia online. “Anarquista no practicante”, su trabajo al frente de Universidades ha sido muy positivo para los capitalistas españoles, pues supone un reforma estructural en las enseñanzas universitarias. Esta reforma comprende dos leyes, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), cuyo primer borrador se aprobó en agosto, y la Ley de Convivencia Universitaria (LCU), aprobada el 17 de noviembre.
La LOSU apuntala la hiperespecialización y la tecnificación educativas, necesarias para las nuevas formas y demandas del mercado de trabajo. Limita, por otro lado, la formación del estudiantado a la cualificación mínima para que el estudiante pase rápidamente a vender su fuerza de trabajo en un sector específico. Otro de los puntos más conflictivos es la introducción del modelo universitario dual, que combina la formación universitaria clásica con prácticas en empresa de forma muy similar al sistema de Formación Profesional.
En esta línea se sitúa el aumento de la importancia del llamado Consejo Social en los gobiernos de las universidades. En general, todas las leyes educativas buscan introducir mayores mecanismos de control del Consejo Social en la vida diaria de los campus universitarios, puesto que en este Consejo están representadas importantísimas empresas que buscan hacer negocio con nuestro futuro. Por supuesto, la UE ha dado el visto bueno a los planes de Castells.
La LOSU queda incompleta sin la Ley de Convivencia Universitaria en la que se criminalizan formas de protesta estudiantil totalmente lícitas, suponiendo de facto una traba contra la organización y movilización del estudiantado. La LCU, sin diálogo ni acuerdo con la comunidad educativa, es una total y absoluta desvergüenza del Gobierno PSOE-UP.
El pasado 18 de noviembre el estudiantado salió a las calles de todo el país para manifestar su absoluto desacuerdo con esta reforma que representa, como decíamos, un ataque frontal contra sus condiciones de estudio. La reforma universitaria encontró y encontrará una oposición directa y organizada en los centros de estudio. La cantinela de que Castells no hizo nada no vale. Hizo. E hizo mucho. Su legado lo recordaremos durante muchos años los que ya empezamos a advertir de las consecuencias de su reforma.