Desde que las sociedades se escindieron en clase sociales, las clases dominantes llevan dándole vueltas a un mismo tema: la separación de poderes. En la llamada Democracia ateniense, Aristóteles especulaba al respecto escribiendo su Política, mientras dos esclavas le bañaban. Otro tanto sucedió en la República Romana, hasta que el Imperio puso fin a tanta especulación. Pero lo cierto es que durante la conocida como Antigüedad clásica, mientras unos pensaban otros trabajaban. Mientras unos se enriquecían, otros eran cruelmente explotados.
La larga noche feudal dio lugar al Antiguo Régimen, con Monarquías Absolutistas que monopolizaba despóticamente el poder junto a la nobleza. La burguesía era por aquel entonces una clase revolucionaria que un día guillotinaba y al día siguiente se fusionaba con las viejas clases feudales, en un proceso que la consolidó finalmente como nueva clase dominante. Pero los restos de las viejas clases, fusionadas en uno u otro grado en los Estados surgidos de las revoluciones burguesas —más o menos graduales— continuaban sembrando desconfianza. Los pensadores de la clase ascendente volvieron a teorizar. Tanto el inglés John Locke como el francés Montesquieu desempolvaron las viejas teorías atenienses y romanas y las adecuaron las condiciones de las nuevas revoluciones burguesas.
El poder debía contener al poder. Se hacen hegemónicas las nuevas teorías sobre la separación y división de poderes. La nueva institucionalidad burguesa, mutatis mutandi, debía configurar los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de tal forma que fueran ejercidos por órganos de gobierno distintos que se controlasen recíprocamente y evitasen cualquier abuso. Pero, cualquier abuso, ¿contra quién? Al igual que en la Antigüedad sólo las clases dominantes conformaban el “demos”, en la naciente sociedad burguesa no todas las clases integrarían la “ciudadanía”. Para la burguesía, los ciudadanos eran y son ellos mismos: los miembros de la burguesía. El poder debía contener al poder en el seno de las clases explotadoras, que estaban conformando una nueva formación social basada en la explotación de unos seres humanos por otros.
Con la consolidación del poder burgués, que pronto asimiló los restos de clases dominantes feudales, la nueva clase dominante se convirtió en reaccionaria. Quedó claro que en toda sociedad de clases el Estado es un órgano de dominación y que el poder no se comparte, sino que se reparte entre las distintas secciones o fracciones de una misma clase social. La separación y división de poderes se volvió un mecanismo tremendamente eficaz. Las democracias liberales serían presentadas desde entonces como el reino de la libertad y el equilibrio frente a experiencias anteriores y, sobre todo, frente a aquellas que habrían de venir. Pero ese reino de la libertad, para los ciudadanos burgueses, pronto se demostraría un infierno para la nueva clase social explotada, frente a quien la burguesía ejercería desde entonces una férrea dictadura.
Pidiendo disculpas anticipadas al lector por esta larga introducción, este proceso histórico es el que explica lo que ha sucedido con la reciente renovación de cuatro puestos del Tribunal Constitucional, tras el pacto alcanzado entre el gobierno y el PP por el que también se renovó al Defensor del Pueblo y se nombraron los nuevos miembros del Tribunal de Cuentas. Las fracciones fundamentales de la burguesía, representada por diferentes partidos políticos, han alcanzado un nuevo acuerdo para controlarse recíprocamente. El hecho de que Enrique Arnaldo o Concepción Espejel representen la más rancia esencia del Partido Popular, o que el primero haya impartido cursos para la FAES o fuese imputado en el caso Palma Arena, no cambian el espíritu de las leyes ni del sistema, tan sólo representa un nuevo equilibrio en su seno.
La polvareda levantada en parte de la bancada de Unidas Podemos representa la frustración de los sectores pequeñoburgueses que, soñando con dar marcha atrás a la historia, creyeron posible reformar el sistema de dominación hasta convertirlo en la patria de Odiseo. Otros, más hipócritas, han tratado de presentarlo como una jugada de altura estratégica por la que se asestaría un golpe al otro lado del hemisferio parlamentario en ese soñado equilibrio de poderes. Unos y otros confirman que se han integrado en el sistema burgués y están condenados a la supeditación a una u otra fracción de quienes realmente ostentan el poder. Y lo gestionan contra alguien, como ha demostrado su política en la reciente huelga del metal en Cádiz —tanqueta BMR incluida— y como demostrará la modernización de las relaciones laborales de explotación que representará la nueva reforma laboral que están pergeñando.
Finalmente, quienes se han mantenido al margen del acuerdo, incluso ausentándose de la votación, lo han hecho porque los intereses de aquellos a quienes representan no se han visto suficientemente representados en el nuevo reparto y desde su falsa dignidad parlamentaria preparan las condiciones para forzar un futuro equilibrio y mantener a su parroquia tranquila.
Para todos los demás, desde las criadas de Aristóteles al proletariado gaditano, ese nuevo equilibrio representa lo de siempre: más explotación y más represión, con independencia de que la dictadura capitalista sea gestionada por quienes han decidido vivir con una pinza en la nariz. Y aún queda la renovación del Consejo Judicial del Poder Judicial…