Laura. Conchi. Mari Cruz. Jordina. Paula. María Soledad. Warda. Lucía. Cristina. Nicoleta. Estos son algunos de los nombres de las más de 30 mujeres asesinadas en España en lo que llevamos de año. Mujeres con sus historias detrás, con sus sueños, con sus ilusiones, que les fueron arrebatados.
Desde el año 2003, han sido asesinadas más de 1.100 mujeres. Y desde el año 2013, más de 40 menores. Y todo ello, a pesar de que desde los diferentes gobiernos, hayan repetido una y otra vez que la violencia de género es una cuestión de Estado y que se lucha contra ella.
La violencia física, aquella que es más visible, es la que más preocupa habitualmente a la sociedad. Porque es la que hace que se ponga nombres y apellidos a mujeres que han perdido su vida a mano de aquellas personas que, según la LO1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, eran sus parejas. Parejas en las que muchas de ellas confiaban, que eran los padres de sus hijos e hijas.
Pero debemos recordar que pese a lo desgarrador de ver como son asesinadas una media de 3 mujeres por mes en nuestro país, existen otras formas también de violencia sobre la mujer que muchos pasan por alto.
Nos encontramos con miles de mujeres y niñas víctimas de trata de España, que son obligadas a ejercer la prostitución. Cientos de niñas que siguen sufriendo, bajo rituales grotescos, la mutilación genital femenina. Agencias en las grandes ciudades españolas, donde abogan por la explotación reproductiva de mujeres de terceros países, mujeres vulnerables, de las que compran sus cuerpos para tener hijos e hijas a la carta.
Y todo esto bajo el amparo de las instituciones. Mientras que aquellos que más se deberían preocupar por el bienestar de la mayoría se dedican a sus juegos de sillones, las trabajadoras siguen teniendo serios problemas para poder salir de sus entornos de maltrato. Prometen lugares seguros para las mascotas de las mujeres maltratadas, y sin embargo, estas mismas mujeres y sus hijos e hijas se encuentran con todas las puertas cerradas para poder seguir hacia adelante.
No podemos quedarnos de brazos cruzados. Si para la clase trabajadora en general la vida cada vez se hace más cuesta arriba por la subida de los precios y las condiciones laborales, imaginemos como debe ser para una mujer en situación de maltrato: aislada, sin apoyo de ningún tipo (ni siquiera familiar en muchas ocasiones), sin recursos de los que tirar porque depende económicamente de su pareja, con una carga de tareas de cuidados que se multiplica día tras día.
La Ley Orgánica 1/2004 se muestra, una vez más, ineficaz e insuficiente para la protección efectiva de las mujeres maltratadas y de sus hijos e hijas. No hay recursos suficientes y los que existen, responden a intereses muy distintos a los que puedan tener las mujeres y sus familias.
En un sistema donde lo más importante es seguir generando más beneficios para los capitalistas, privatizando cualquier servicio público que pueda ayudar a las mujeres maltratadas, es una realidad la desprotección a la que se enfrentan, una desprotección, además, que ni siquiera va a ser contenida por aquellos que dicen que legislan por “el bien común”.
Somos las trabajadoras las que organizadas podemos cambiar las cosas. Tenemos la obligación de luchar por sustituir este sistema donde se mira hacia otro lado y se intenta rentabilizar la desigualdad a cualquier precio, incluido el de nuestras vidas. Somos nosotras, junto a nuestros compañeros, las que conseguiremos hacer realidad la emancipación de las mujeres si respondemos con un único puño, sustituyendo la sociedad capitalista por una nueva libre de opresión y de desigualdad.