Este gran lema de los derechos por la liberación de la mujer sigue a día de hoy en plena vigencia, pese a la despenalización del aborto mediante la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo.
Y decimos que sigue siendo vigente porque las trabajadoras seguimos debiendo exigir que no sólo sea un derecho el poder abortar de manera libre, sino que dicho aborto además debe ser seguro para nuestra salud, gratuito y realizado en un centro público.
En la España actual todas las mujeres mayores de edad pueden abortar libremente hasta la semana 14 de embarazo, sin dar explicaciones del motivo que les conduce a tomar esa decisión. Eso sí, deberá ser una decisión tomada desde la libertad y sin coacciones. Hasta la semana 22 se podrá interrumpir el embarazo en caso de que la vida o salud de la madre embarazada corra peligro o existan anomalías fetales incompatibles con la vida. Después de ese plazo, únicamente se podrá abortar cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida. Debemos además hacer un inciso para denunciar la situación de la mujer extranjera en situación irregular en España, pues la misma sólo podrá acceder al aborto de manera privada, ya que se le niega el derecho al aborto gratuito.
El aborto en España, sobre todo para las mujeres obreras y de sectores populares, no llega a ser verdaderamente libre en los hechos, pues ni siquiera existe una información adecuada sobre los derechos sexuales y reproductivos.
Los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad recogen que el 86% de las interrupciones voluntarias del embarazo en 2019 se dieron en clínicas privadas, mientras que el 14 % se realizaron en centros públicos. No existe un protocolo claro en los centros de salud públicos sobre cómo deben actuar las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, obligándolas a iniciar un periplo en búsqueda de información, mientras las semanas van pasando veloces, lo que supone para esas mujeres una situación de verdadera angustia y desasosiego, de violencia, al fin y al cabo.
A esta incertidumbre, y una vez que han conseguido localizar el centro, normalmente y mayoritariamente privado, que les va a realizar la interrupción, se suman los obstáculos impuestos por la propia ley. Por un lado, lo primero es la entrega de información a la solicitante de la IVE (interrupción voluntaria del embarazo) sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, y en segundo lugar está el cumplimiento de un periodo de reflexión de al menos tres días, requisito que supone una grave injerencia que profundiza en un evidente daño psicológico y en una coacción a la libre decisión de la mujer.
Hasta la semana séptima de embarazo, se puede realizar una intervención farmacológica, mediante la conocida “pastilla”; y a partir de dicha fecha, la intervención debe ser ya quirúrgica o instrumental, mediante legrado que puede ser por raspado o por absorción. En esta fase también se están dando casos de negación del derecho al aborto, pues muchas mujeres se encuentran con la negativa de los centros públicos a realizar dichas intervenciones, subcontratando con centros privados que no cumplen los mínimos requisitos sanitarios ni se encuentran en la misma Comunidad Autónoma que la solicitante, debiendo desplazarse las mujeres por su cuenta, y a su costa -cuando pueden-, para realizar estas intervenciones en centros privados a kilómetros de sus casas.
Esta situación, como todo lo que conlleva este sistema capitalista, ataca principalmente a las mujeres trabajadores y a los sectores más humildes, que deben en muchos casos adelantar un dinero que no tienen y que luego no será completamente compensado, para poder acceder a un derecho que debería estar cubierto por nuestros servicios públicos de salud.
El derecho individual a la objeción de conciencia del personal sanitario, utilizado en muchos casos como pretexto, incluso de manera colectiva, jamás puede justificar que un servicio público quede sin cubrir, negando un servicio público esencial para las mujeres. Esas prácticas, que en ocasiones constituyen un verdadero boicot, son responsabilidad de los gobiernos que no han querido intervenir para solucionar esta problemática. No han querido tomar medidas para que el derecho al aborto sea una realidad más allá del papel. Las trabajadoras exigimos que se aparte a esos profesionales que por su orientación política o religiosa boicotean un derecho público. No es de recibo que con nuestros impuestos se esté abonando el sueldo a reaccionarios que niegan los derechos de las mujeres.
Las mujeres no abortan sin pensar, las mujeres cuando solicitan una interrupción voluntaria del embarazo han meditado y sopesado todas las opciones, ya sea por cuestiones económicas o por cuestiones personales, pero tienen derecho a que este proceso sea realmente libre, realizado en los servicios públicos y realmente gratuito.