2021 está siendo un año de récords en España por el coste de los bienes básicos, entre ellos la luz. Nuestras facturas andan por las nubes y las noticias sobre el tema han cubierto horas en televisión y kilómetros en prensa. Todo ello sucede sin que se entiendan ni las facturas ni los precios desorbitados e inasumibles que pagamos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Pues, esencialmente, con un mercado eléctrico imposible de entender ni aunque dedicásemos números enteros de Nuevo Rumbo a ello. Cada una de las actividades que componen el mercado —producción, transporte, distribución…— tiene su propia idiosincrasia, habiendo algunas reguladas —Red Eléctrica Española (REE) monopolizando el transporte, por ejemplo—otras a medias —subvenciones a la producción, especialmente para renovables o cogeneración— y otras liberalizadas, como la comercialización y distribución. Además, en el mercado español nos encontramos con un mercado mayorista —el llamado “pool eléctrico”— y otro minorista donde se encaja básicamente la comercialización a clientes particulares.
En el mercado mayorista, nos encontramos con que el precio diario se establece de forma similar a un mercado de valores, con subastas entre productores y compradores. Por las características del mercado, todos los precios son iguales independientemente de la fuente, pagándose al precio más caro de ese día. Un ejemplo: si la electricidad generada con gas natural es más cara que la hidroeléctrica, la hidroeléctrica produce más beneficios al tener el mismo precio, pero menor coste. Este mismo mes de julio pudimos ver cómo Iberdrola vaciaba pantanos enteros sin importar en absoluto legislaciones estatales ni impactos ambientales por este motivo, así que no es precisamente poca broma.
¿Afecta esto a la factura de la luz? Parcialmente sí. Evidentemente, cuanto mayores sean los costes de producción más repercutirán indirectamente en el consumidor. Actualmente, según palabras de la Ministra Teresa Ribera, el pool eléctrico está por las nubes por el aumento del precio del gas natural —una de las principales fuentes de producción energética— y por el coste cada vez mayor de los derechos de emisión de CO2, fruto de las políticas de la UE de “descarbonización” que tan bien conocemos en España con el cierre de la minería y las térmicas.
Pero es precisamente el mercado minorista el que más engorda la factura. En este mercado, las comercializadoras venden a los particulares la energía que ellas compraron en el pool, repercutiendo en la factura no sólo el precio del mercado mayorista, sino también toda una serie de peajes —distribución, transporte, subsidios a las renovables, “déficit de tarifa”, etc.— que inflan bastante la factura, superando la mitad de la misma.
Cabe destacar que, con la liberalización precisamente de este mercado minorista por parte del gobierno Aznar en 1998 conforme a las exigencias europeas, que se vendió como una oportunidad para la entrada de cooperativas y así fomentar la bajada de precios gracias a la “libre competencia”, la realidad es que lo que se hizo fue abrir nuevas oportunidades de negocio para los monopolios energéticos. Actualmente, 4 multinacionales —Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP— no solo controlan el 60% del mercado mayorista, sino también el 90% del mercado minorista. La liberalización, que además se produjo casi a la vez que las grandes privatizaciones iniciadas por el PSOE —entre 1996 y 1998 Gas Natural, Repsol y Endesa entre otras—, no hizo más que abrir nuevas oportunidades de mercado a los monopolios energéticos a costa del consumidor. Ante este panorama, ¿qué corresponde hacer?
Si en un mercado vemos con claridad la naturaleza de clase del Estado, es en el eléctrico, donde ya existe una empresa pública como Red Eléctrica Española, que cotiza en el IBEX-35 y cuyo papel en esto no es el de cómplice, sino el de organizador necesario del expolio a nuestra clase. Por eso las consignas de los socialdemócratas se quedan a medias y, como clase, tenemos que tenerlo claro: necesitamos la nacionalización bajo control obrero, o lo que es lo mismo, tenemos que organizarnos cuanto antes para derrocar el Estado que protege a nuestros explotadores.