La Comisión Europea aceptaba a mediados de junio el Plan de Recuperación presentado por el Gobierno español. Un plan destinado a remodelar el capitalismo español, pensado para reactivar algunos sectores económicos muy afectados por la crisis y para actualizar la forma en que se extrae la plusvalía a la mayoría trabajadora.
Llevamos casi un año hablando de los 140.000 millones del plan europeo y ha habido tiempo ya para reflexionar sobre cómo y por qué las autoridades de la UE y los distintos Gobiernos tardaron tan poco en ponerse de acuerdo en una medida que, a la vista de la gestión de la crisis anterior, podría parecer contradictoria. En lugar de recortes vienen millones para gastar, nos dicen. En lugar de troikas hay solidaridad, nos cuentan.
¿Por qué ha cambiado el mecanismo de respuesta de los Gobiernos? ¿Se están imponiendo las tesis keynesianas frente a las neoliberales? La realidad es que se está demostrando que las teorías keynesianas y las (neo)liberales son complementarias. Los Estados capitalistas jamás han dejado de intervenir en la economía, por mucha propaganda que hayan arrojado los defensores de la Escuela de Chicago o los nuevos economistas de cabecera de la socialdemocracia. El aparato estatal capitalista existe para garantizar la continuidad del dominio capitalista, y si ahora (como en 1929), toca gastar miles de millones para salvar al capitalismo, pues se hace y ya vendrán otros más adelante que harán otra cosa.
El denominado Estado del Bienestar que se conoció en Europa no fue, como algunos señalan, una respuesta a la crisis del 29, sino a la construcción del socialismo en la URSS y en media Europa. En una Europa Occidental destrozada tras la derrota del nazifascismo, el ejemplo soviético era demasiado peligroso para las potencias capitalistas, donde además existían poderosos Partidos Comunistas que no sólo habían contribuido decisivamente a la victoria, sino que, además, contaban con ejemplos concretos sobre cómo se podían establecer y desarrollar sociedades sin explotación capitalista.
Esta situación era explosiva y los capitalistas optaron por dedicar ingentes esfuerzos económicos, sacrificando buena parte de sus beneficios, a la tarea de mantener unas mínimamente aceptables condiciones de vida para el conjunto de la población, a través de la intervención estatal masiva en la economía, que redujesen la influencia del ejemplo soviético y de las democracias populares del Oriente europeo.
Fue la época en que se crearon las grandes empresas públicas en sectores estratégicos y las bases de los sistemas de protección social capitalistas. El objetivo era que los millones de trabajadores de la Europa capitalista no se echaran en brazos del antiguo socio soviético, que ofrecía múltiples ejemplos de su superioridad como sociedad en todos los órdenes.
Destruidos la URSS y el campo socialista europeo a comienzos de los 90, ya no era necesario el contrapeso y se impusieron entre buena parte de los dirigentes occidentales las tesis que propugnaban una reducción del papel estatal y la apertura masiva de nuevos espacios a la reproducción del capital. Las privatizaciones se multiplicaron. Las antiguas empresas públicas, que operaban generalmente en régimen de monopolio, se regalaron al capital privado. Al tiempo, se aceleró la destrucción de sectores económicos enteros a través de las llamadas “reconversiones industriales”, que desmantelaron no sólo empresas públicas, sino que dejaron sin futuro a comarcas y regiones enteras en todos los países. Hacía falta “modernizar” el capitalismo, adaptarlo a la nueva realidad, crear nuevos monopolios capaces de competir mejor en el marco capitalista que se imponía por todo el planeta.
Pero muchos se olvidaron de que la realidad más palpable del capitalismo es su tendencia a las crisis. Después del festín de los 90 y los 2000, la crisis de 2008 fue considerada casi un cataclismo. La propaganda de un capitalismo en crecimiento constante se vino abajo y se destinaron cantidades ingentes de dinero público a rescatar a la banca (en España 64.000 millones), a comprar activos tóxicos bancarios (más de 700.000 millones de dólares en EE. UU., más de 850.000 millones en el Reino Unido) o a prestar dinero a países con graves dificultades (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, creado en 2010, dotado con hasta 750.000 millones de euros). Parece que nadie se acuerda de dónde salía ese dinero.
Cuando los capitalistas se han tenido que enfrentar a las terribles contradicciones de su propio sistema, el Estado siempre ha estado ahí para acudir a su rescate. Tras la crisis de 2008 la intervención estatal cambió el mapa bancario, uno de los sectores fundamentales, concentrándolo. Tras la crisis de 2020, la intervención estatal va encaminada a una reconfiguración monopolista en sectores como la energía o la manufactura, en algunos casos actualizándolos y en otros enfocándolos hacia nuevos espacios donde el capital pueda recuperar tasas de rentabilidad perdidas. Y todo ello, claro está, imponiendo nuevos mecanismos de flexibilidad en el terreno laboral para que la explotación de la fuerza de trabajo sea más rentable.
Eso, y no otra cosa, es lo que está promoviendo el Gobierno español, lo pinten como lo pinten.
Ástor García