La prostitución hemos de observarla y analizarla como un fenómeno arraigado en nuestra sociedad para así comprender su auge tras décadas de declaraciones y campañas institucionales en su contra. Décadas cargadas de simbolismo y discursos abolicionistas, adornando y distrayendo las causas de la explotación sexual, prioritariamente sufrida por mujeres desposeídas.
¿Cuál es la principal razón de que exista la prostitución? Económica. ¿Qué medidas se deberían tomar para abolirla? Económicas, véase, empleo digno y estable; socialización de la carga de cuidados; vivienda, educación y sanidad públicas; socialización de los beneficios de la producción… ¿Quién lleva décadas defenestrando industria, empleo y derechos sociolaborales que tanto costó conquistar? El PSOE. ¿Quién se declara abolicionista? El PSOE. Los pilares reales que, desde la raíz, sustentan la explotación sexual de las mujeres son socioeconómicos, como hemos señalado. El problema se agrava con las crisis cíclicas del capitalismo, ya hemos sufrido dos reformas laborales vinculadas a la anterior crisis, ambas con el objetivo de erradicar derechos de la clase obrera en favor de los intereses económicos de sus explotadores. ¿Quién despenalizó la tercería locativa en el año 95? El PSOE. A escasos meses del primer gobierno de Aznar, el gobierno de González distinguió entre prostitución y alterne y, bajo esa consideración, se despenalizó la tercería locativa, permitiendo que las personas que alquilen inmuebles a negocios en que se ejerce prostitución, no resulten culpables del delito de proxenetismo, pese a estar lucrándose en tercera persona de la explotación sexual. En los locales «de alterne», teóricamente, no se intercambia dinero por sexo y, aunque sepamos que es así, es muy difícil acreditarlo en un Juzgado, por eso «la prostitución en España se ampara en la alegalidad» quedando, desde el año 95, el proxenetismo impune y nuestras carreteras plagadas de hoteles-puticlubs.
La socialdemocracia sólo habla de abolicionismo de la prostitución en vísperas electorales. Pero hablar de “abolicionismo” en abstracto, es una trampa. ¿De qué abolicionismo vamos a hablar sin hablar de Socialismo, sin derogar la Ley de Extranjería, sin que haya trabajo, ni vivienda, ni acceso a la electricidad, o sin hablar de, mismamente, la remunicipalización de los trabajos de cuidados? En cambio, por ejemplo, en 2018 salieron a la luz unos audios de la actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado en los que, siendo Ministra de Justicia, admitía que no había denunciado unos hechos de los que fue testigo en un viaje oficial del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del Estado a Colombia (ni más ni menos). Dijo haber visto a miembros de los citados organismos junto a niñas colombianas menores de edad, aparentemente prostituidas. Fue testigo de cómo jueces y magistrados abusaban de menores, no lo denunció.
Recordemos también que, pese a las contundentes declaraciones de la ministra Magdalena Valerio en 2018, el Ministerio de Trabajo no ha emprendido acciones para revocar la legalización del pseudosindicato OTRAS. Ni Valerio ni el Gobierno se personaron en la causa; pese a sus aspavientos ni está, ni se le espera, impugnando los estatutos de OTRAS. Al cierre de la edición de este artículo el Tribunal Supremo acaba de reconocer el “derecho” de las prostitutas a sindicarse, según la sentencia, aunque «dentro del ámbito funcional de los Estatutos no tienen cabida las relaciones laborales que tengan por objeto la prostitución por cuenta ajena» “la legalidad o no de esta actividad es cosa del poder legislativo”, y consideran que «gozan del derecho fundamental a la libertad sindical y tienen derecho a sindicarse«. Todo ello ante la inacción de un gobierno autodenominado “feminista”.
Los nuevos nichos de mercado a costa de la explotación sexual atentan directamente contra las mujeres trabajadoras, somos quienes tendremos que vender nuestros cuerpos: las desposeídas, las precarias, las nadie, las parias de la Tierra. El capitalismo busca nuevos mercados y en las últimas décadas todos los gobiernos españoles -cuya misión es defender los intereses empresariales del capital internacional asumiendo los dictámenes europeos y de la OTAN-, desindustrializaron el país, convirtiéndolo en una economía dependiente, de servicios, y pretenden seguir arrebatándonos conquistas y mercantilizar, incluso, nuestros cuerpos. Las consecuencias de quitarnos la autonomía energética, cerrar térmicas, la sumisión absoluta del gasto social al pago de la deuda europea (reforma constitucional art. 135 en 2011 por el PSOE), etc. tuvo como consecuencia la defenestración de una clase de trabajadores/as que habían pagado con sangre la lucha por sus derechos, trabajos con garantías sociales decentes y con unas condiciones laborales que hoy día estamos olvidando que fueron conquistas y no prebendas gubernamentales.
Ante tanta precariedad y claudicación la salida que nos ofrecen entre purpurina y supuesta «libertad de elección», es ofrecer no ya sólo nuestra fuerza de trabajo sino incluso nuestros cuerpos como mercancía a una economía dependiente, de servicios, desregulada, basada en la ley del más fuerte, siempre al servicio del mejor postor. Frente a esta embestida, nuestra responsabilidad histórica es organizarnos desde nuestros barrios, centros de trabajo y estudio para exigir medidas socialistas, medidas cuyo fin último no sea el lucro privado, si no cubrir las necesidades sociales universales. No sólo resistir, conquistar de nuevo todo aquello que nos arrebatan y alcanzar por fin cotas superiores a las anteriormente conquistadas. Nuestra respuesta no puede ser otra que la de organizarnos para derribar y darle la vuelta de una vez por todas a este planteamiento depredador y tramposo: son nuestras hijas quienes van a vivir en ese mundo.
Aída Muel