Desde el intento de implantación del 3+2 por el Partido Popular, la cuestión de la reforma de la universidad española no ha dejado de aparecer con cierta regularidad sobre el panorama político nacional, pero fue hasta mayo del pasado año, bajo el impulso del gobierno PSOE-Podemos, que este proyecto experimentó su primera, y breve, concreción real. El primer borrador de la “reforma Castells” acabó guardado en el cajón esperando un momento más propicio y casi un año después el ministro, desaparecido hasta la fecha, ha vuelto a presentar su proyecto con un aparente cambio de miras: si antes consolidaba el 3+2, ahora acaba con él prohibiendo los grados de 3 años. Con este aparente giro, el Real Decreto que el ministro busca aprobar antes de verano supone el primer paso de su reforma universitaria. Pero ¿de verdad ha cambiado tanto la propuesta del ministro? Y ¿a qué modelo de universidad responden los “criterios de calidad” que tan severamente ha presentado?
Fuera de la nueva regulación de los estudios que pone fin a la posibilidad de que existan grados de 3 años, el decreto del ministro se mantiene exactamente igual, contando con tres principales grupos de medidas: las referidas a las prácticas laborales universitarias; las destinadas a la flexibilización de los currículums; y finalmente, las tomadas para el “aseguramiento de la calidad” de las enseñanzas universitarias.
En el primero de los casos destaca, ante todo, la intención de implementar la Formación Dual en las universidades. La medida, que pretende trasladar a la formación universitaria el sistema ya presente en la Formación Profesional, no elimina las ya presentes prácticas no laborales curriculares y extracurriculares, que no son modificadas, sino que desarrolla un nuevo tipo de contrato laboral y regula la creación de grados en los que alrededor de la mitad de la formación se dé a través de la práctica en empresa.
De esta forma, los grados duales se convierten en el mecanismo perfecto para la sistemática introducción de la empresa privada en el ámbito universitario y suponen la supeditación directa del diseño curricular a las necesidades del mercado laboral. A su vez, la creación de un nuevo contrato laboral con peores condiciones, destinado específicamente al estudiantado, refuerza la explotación laboral que este viene sufriendo dentro de la figura de las prácticas, al regular lo que hasta el momento sólo podía darse fuera de la ley. El mantenimiento de las figuras precedentes conforma una triple escala salarial, refuerza la temporalidad y precariedad de la juventud y supone una presión a la baja de los salarios dentro de los sectores “beneficiados”.
La flexibilización curricular que constituye el segundo elemento a destacar del decreto, también incide en esta adaptación de la oferta universitaria a las necesidades del mercado laboral. La posibilidad de elaborar estructuras curriculares específicas por parte de cada universidad y la introducción del itinerario académico abierto, que permitiría combinar asignaturas de diferentes grados en los dos primeros años universitarios, se presentan como avances en la autonomía universitaria y en las posibilidades académicas del estudiantado, pero constituyen una reforma que posibilita una tecnificación e hiperespecialización guiada por las necesidades del mercado laboral y gestionada por unas autoridades universitarias con cada vez mayor presencia directa e indirecta de los intereses capitalistas, consolidándose así la posición de las universidades como productoras de mano de obra.
“Flexibilidad” y “adaptación” son las dos palabras que podrían definir las principales medidas del Real Decreto con el que el ministro Castells inicia su reforma universitaria. Flexibilidad y adaptación del sistema universitario a las características de inestabilidad, rápida transformación y necesidad de cuadros técnicos que presenta el mercado laboral español y europeo contemporáneo. Flexibilidad y adaptación de la mano de obra a las condiciones de precariedad de una economía caracterizada por la “uberización” y la destrucción masiva de fuerzas productivas. En este contexto, los tan cacareados “criterios de calidad” constituyen ante todo el reforzamiento de las agencias europeas en el control y diseño de los planes académicos, sometiendo el criterio de la comunidad educativa a la adecuación de nuestro sistema universitario a las necesidades del mercado comunitario.
La reforma universitaria del “gobierno progresista” no supone más que la adaptación actualizada de la Universidad a las necesidades y características del capital contemporáneo bajo la guía marcada por las directrices europeas, las cuales han definido el carácter de las reformas realizadas por los gobiernos de ambos signos a lo largo de este siglo. No hay, dentro del marco capitalista, espacio para una universidad al servicio de la sociedad, sino, tal y como demuestran sus distintos gestores, sólo distintas formas de atender a las necesidades de mano de obra del capital. Frente a ello, los y las comunistas levantamos la bandera de lucha y, señalando al enemigo real, lo decimos claro: o ellos, o nosotros; es hora de tomar partido.
Miguel Ripoll