La prensa comenta que la Ministra de Trabajo ha ido a Bruselas a presentar la “reforma laboral” que el Gobierno va a proponer dentro del plan exigido por la UE para liberar el primer tramo del fondo NextGenerationEU.
Sin conocerse aún el contenido exacto de lo presentado, que siempre es importante tratándose éste de un Gobierno especialista en anunciar una cosa mientras el BOE dice otra bastante distinta, algunos datos se han filtrado ya y son ciertamente sonrojantes.
Según leo en Europa Press, el gabinete de Yolanda Díaz está difundiendo la afirmación de que el proyecto presentado es “integral, ambicioso y que nunca se ha hecho en España”. En tales términos, cabría esperar un revolcón a las dos últimas reformas laborales, que es lo que venía en el programa del partido de la ministra. Pero no.
Lo “ambicioso y que nunca se ha hecho en España” es, según se dice, la reducción a tres de los tipos de contrato laboral, partiendo de un “modelo genérico basado en la estabilidad en el empleo” y un contrato temporal “con una causa que justifique siempre esta naturaleza”. Y consagrar los ERTEs por siempre jamás.
Esto, dicho en plata, es la nueva tomadura de pelo del Gobierno socialdemócrata. PSOE y UP vuelven a pintar la pared de la casa y venderlo como si hubieran hecho una reforma integral. Un engaño, un camelo, pongan la palabra que prefieran. Y encima la pintura que ponen es peor que la que había, todavía más.
Supuestamente, el modelo actual de contratación laboral ya se basa en que el contrato indefinido (ahora rebautizado como “estable”) es el contrato tipo, del que se desprenden todos los demás. Básicamente se diferencia del resto de contratos en que no tiene fecha de finalización, en que se cotiza un pelín más por él y en que, en caso de despido, la indemnización es algo más alta. También en que es el único con que estás en condiciones de que, con suerte, el banco te acepte una hipoteca. Pero poquito más.
Es decir, supuestamente ya en estos momentos el sistema de contratación laboral español se basa en “la estabilidad en el empleo”, aunque la realidad sea distinta: en lo que llevamos de 2021, de los casi 4 millones de contratos firmados, casi 3,5 millones hayan sido temporales, según el SEPE.
Sigue la ministra indicando que el nuevo contrato temporal tendrá que estar siempre justificado. Otra tomadura de pelo: basta mirar el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores para ver que los actuales contratos temporales ya exigen una causalidad. Es decir, se debe alegar una razón para utilizar el eventual o el de obra en lugar del indefinido. El problema es otro, y creo que bien lo sabe la ministra: que el fraude en la utilización de los contratos temporales es altísimo. Que se tiene a la gente encadenando contratos temporales años y años sin que ocurra nada y que la patronal se pasa lo que diga el estatuto por el arco del triunfo.
¿La solución que vende Yolanda Díaz? Hacer como con la ley rider: repetir lo que ya dice el Estatuto de los Trabajadores y presentárnoslo como una conquista porque resulta que hay muchas empresas que lo incumplen sistemáticamente y todos lo sabemos. Sería una jugada maestra de comunicación política si aquí todos nos chupásemos el dedo, pero resulta que no.
La ministra del corta-pega nos indica también que es un gran avance la reducción de los contratos a tres. Esto es básicamente mentira. Nos dicen que se van a “simplificar” las cosas, que va a haber tres modalidades de contrato: estable, temporal y formativo. Pero es que esas modalidades son las que ya hay a día de hoy, con algunas particularidades importantes que obligan a subdividir cada una de esas modalidades con nuevas figuras, como el fijo-discontinuo (que es indefinido), el de prácticas o el para la formación (que son formativos) y el eventual, el de interinidad o el de obra o servicio (que son los temporales).
Entonces, ¿nos está diciendo la ministra que a partir de ahora va a haber un único tipo de contrato temporal? Si es así, ¿con qué duración máxima? ¿La del eventual (12 meses) o la del de obra (3 años)?
La ministra nos asegura que va a haber un único contrato formativo. Si es así, ¿con qué mínimo salarial? ¿El del 60% de lo que establezca el convenio para cada puesto (prácticas) o el del SMI vigente (para la formación)?
¿Y los trabajadores interinos, que también son temporales? ¿Se les va a reconocer una indemnización a la finalización de su contrato, se va a poner fin a la fraudulenta contratación de cientos de miles de trabajadores en las administraciones públicas o qué? ¿O se van a utilizar las sentencias del TJUE, que exigen igualdad de trato para temporales e indefinidos, como excusa para empeorar las condiciones de los indefinidos, al estilo de lo que proponía Albert Rivera hace no muchos años con aquello del contrato único o la indemnización creciente?
El Ministerio tiene que aclarar todavía muchas cosas, pero hay que ponerse en lo peor porque ya conocemos al “Gobierno más progresista de la Historia” y sus cuentos chinos. Eso sí, lo que ya parece evidente es la consagración del modelo de flexibilidad interna a través de los ERTE o como los vayan a llamar a partir de ahora. Los expedientes de regulación temporal de empleo están para quedarse y son una auténtica bomba de relojería que implican que el Estado va a cargar directamente con los costes salariales y sociales de las empresas cuando las circunstancias del mercado aconsejen ajustes de plantilla.
La flexibilidad interna es flexibilidad para el patrón, y lo conocemos ya por elementos anteriores como la distribución irregular de jornada o las horas extraordinarias y complementarias. Se va introduciendo al tiempo que las dificultades del trabajador para disfrutar de los permisos reconocidos en convenio se multiplican. Al tiempo que crecen los casos de trabajadores a los que se les niegan las vacaciones o el descanso semanal.
Así las cosas, llama la atención que Yolanda Díaz diga como con cara de sorpresa que Gobierno y Comisión Europea están “sustancialmente de acuerdo” en cuanto a estas medidas. No sé de qué se puede sorprender la ministra, la verdad. Al final los Gobiernos capitalistas españoles siempre acaban estando de acuerdo la Comisión Europea. Vaya usted a saber por qué, será muy complejo de explicar.