El precio de la luz sube y el sistema eléctrico vuelve a estar en debate. Toda la prensa recoge cómo, tras el paso de la borrasca Filomena y la llegada de la ola de frío que ha sacudido media España, se ha producido un aumento del consumo energético al que se le ha sumado el aumento del precio del gas.
Los cálculos de la OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Electricidad) lo traducen en un aumento de unos 8€ en la factura eléctrica. Eso se produce en un país que, en 2020, a pesar de la bajada del precio de la energía, contaba con un 10,6% de los hogares que no podían permitirse ningún consumo, un 7,6% vivían con una temperatura por debajo de la de confort, un 6,6% sufría retrasos en el pago de las facturas y un 16,7% tuvo un gasto energético desproporcionado con respecto a sus ingresos, según el Ministerio para la Transición Energética. Nada hace pensar que la situación ha mejorado tras el estallido de la pandemia, donde el confinamiento, los toques de queda, despidos, EREs y ERTEs, o el teletrabajo han provocado que los trabajadores pasen más tiempo en sus casas y consuman más luz a la par que sus ingresos se reducían o desaparecían.
Por ello, el ministro de Consumo ha propuesto unas medidas que supuestamente reducirían la factura de la luz y ha culpado a los excesivos beneficios de las empresas eléctricas. Propone una reforma del sistema retributivo y del mercado, el aumento de energías renovables que permitan una casación de precios más baja, la promoción del autoconsumo y la investigación de las grandes eléctricas ante la posible manipulación de precios. Pero el ministro Garzón se encuentra con importantes obstáculos (que él bien conoce): primero, que muchas de sus medidas chocan con las normativas europeas que aseguran el funcionamiento capitalista –-y la patronal y su socio de gobierno, que se reserva la competencia real en este campo, lo saben y duermen tranquilos—; segundo, que de aplicarse, ni solucionaría los problemas de la clase obrera ni impediría que los capitalistas continuaran amasando sus fortunas a costa de aquellos.
Porque lo que intenta inútilmente, así como el resto de políticos burgueses, es atajar el problema desde el consumo. Al señalar supuestas irregularidades y desviaciones de un modelo más justo o eficiente del sistema existente, lo que pretenden es ocultar una realidad que les incomoda: que la riqueza es producida por el trabajador y que le es arrebatada por el capitalista, sea el sector que sea. Por ello, ni la medida más atrevida, la creación de una empresa pública que compita en el mercado capitalista para funcionar como presión a la baja en los precios, podrá evitar esto.
Si recurrimos a los datos históricos, vemos que las tres grandes compañías —Endesa, Iberdrola y Naturgy— tuvieron en 2018 un incremento en las ganancias netas del 14,3%. En el mismo periodo, la demanda de electricidad solo creció un 0,4% y el precio de la luz un 3,5%. En una lectura a más tiempo, de 2003 a 2018, encontramos que los beneficios de Iberdrola se triplicaron, aunque la tarifa eléctrica subió un 78% (menos del doble). En 2020, el precio cayó en un 28,8% pero los ingresos de las eléctricas subían —incluso repartieron dividendos por valor del 70% de las ganancias netas entre sus accionistas— y han preparado a Iberdrola para arrebatarle el pódium de la bolsa al gigante Inditex.
Nos podemos preguntar, entonces, de dónde sale toda esa fortuna si no parece tener una correlación tan fuerte con el consumo. Por un lado, son conocidas las ayudas que bajo el marco de la transición energética se han entregado. Tras el desmantelamiento de la minería, en proceso de liquidación de las térmicas y con los cierres de las fábricas de aerogeneradores de Vestas o Siemens-Gamesa, 26.640 millones (un 37%) del Fondo de Recuperación europeo, el préstamo que se entrega a los distintos países a cambio de recortes que pagarán los trabajadores, irá para las empresas del sector.
Por el otro, las condiciones laborales en el sector energético han continuado empeorando, especialmente durante el último año. El nuevo convenio de Iberdrola, calificado por los sindicatos de clase como “esperpento”, introduce una reducción de salarios del 10% y liga parte del sueldo a la consecución de objetivos. En el caso de Endesa, los beneficios laborales, como la luz bonificada, han sido reducidos en gran medida. En Naturgy, los trabajadores tuvieron que aceptar el chantaje de subidas por debajo del IPC a cambio de no aplicar despidos masivos. Si los recortes a la plantilla no son suficientes, cada día recurren a más a contratas, a cuyos trabajadores se les aplica peores convenios y condiciones laborales. Actualmente, gran parte del trabajo de mantenimiento o comercialización de las eléctricas recae sobre este ejército de subcontratas. Por ello, no es de extrañar que Iberdrola señale que le sobra un 15% de la plantilla.
Por supuesto, si es posible, una reducción de la tarifa en el sistema actual será positiva para la clase obrera. Sin embargo, se mostrará que no es suficiente, que más pronto que tarde, los grandes monopolios continuarán extrayendo más beneficios, sus trabajadores serán más explotados y más hogares tendrán dificultades para pagar las facturas. La única medida que se podría anunciar en beneficio de todos los consumidores pasa, precisamente, por la transformación radical de este modelo productivo que busca el máximo rendimiento económico a uno que busque la satisfacción de las necesidades de la mayoría. Y esa transición energética sólo podrá tomarse anunciando la expropiación de todo el sistema eléctrico y poniéndola bajo el control de sus trabajadores.