Decía Italo Calvino que un país que destruye la Escuela Pública está gobernado por aquellos que sólo tienen algo que perder con la difusión del saber.
La propuesta de modificación de la Ley educativa por parte del Gobierno en marzo de 2020 no fue una sorpresa. Ocho leyes educativas en los últimos 40 años avalaban a la coalición PSOE-Podemos para derogar la tan denostada LOMCE del ministro Wert. No había en el borrador inicial presentado en marzo de 2020 nada que hiciese suponer que la nueva Ley iría más allá de modificaciones cosméticas en los porcentajes de los contenidos educativos entre el Gobierno Central y las CCAA, sin tocar el aspecto clasista central de la educación que es la profundización en los conciertos educativos.
Porque hay que reconocer que la escuela pública ha ido perdiendo posiciones, año tras año, reforma tras reforma, en detrimento de una escuela privada escudada tras el trampantojo de la “educación concertada”, que no deja de ser la privada de toda la vida con apoyo y financiación pública mediante conciertos y a la que le va muy bien, pese a que escenifiquen, con cada reforma educativa, la insuficiencia de esas ayudas. Está claro que lo que algunos tienen que perder con la difusión del saber es un gran negocio.
La nueva ley educativa, la LOMLOE, popularmente conocida como Ley Celaa, tiene además una disposición adicional Undécima que declara el Cuerpo de profesores Técnicos de Formación Profesional “a extinguir” mediante la que se pretende solucionar una histórica reivindicación de los trabajadores de Formación Profesional.
La Formación Profesional nació como una escuela de artes y oficios, y desde su primera legislación en 1955 bajo el franquismo, ha sido una escuela de la Clase Trabajadora. Allí enseñan profesionales procedentes del mundo laboral cómo se maneja un torno, cómo se repara un coche, cómo se hace una instalación eléctrica o a cortar el pelo.
En los institutos de la Formación Profesional existen dos tipos de profesores. Por un lado, los que imparten las asignaturas de teoría, que son profesores de secundaria (PS), con categoría A1 y titulación universitaria. Por otro lado, los profesores técnicos de Formación Profesional (PTFP), que imparten docencia en los talleres, con categoría A2, entre los que un 50% son titulados de FP y que en muchos casos vienen del mundo laboral.
La diferencia entre la escala A1 y la A2 es que la segunda tiene una menor retribución, a pesar de que el trabajo que desempeñan es el mismo. Por este motivo, desde la promulgación de la LOGSE en 1990 el colectivo de PTFP viene reivindicando la equiparación con los profesores de secundaria: “A igual trabajo, igual salario”, homologación que sólo se consiguió en 1995 en el País Vasco, con un complemento autonómico propio, mientras que las demás CCAA han mantenido esa discriminación.
Con la intención de dar respuesta a esta reivindicación, la LOMLOE, en su disposición adicional undécima, recoge textualmente que el cuerpo de profesores técnicos se extingue, y que en lo sucesivo todos los docentes se integrarán en el cuerpo de profesores de secundaria A1. Lo que en principio parece una buena idea, se convierte en una mala idea porque no tiene en cuenta la realidad del profesorado de Formación Profesional. Para acceder a la escala A1 de profesores de secundaria es requisito indispensable estar en posesión de una titulación universitaria, por lo que miles de funcionarios del cuerpo de profesores técnicos A2 se han quedado en un cuerpo a extinguir y miles de interinos en un limbo legal. Una equiparación mal entendida, porque no se ha realizado desde el principio de “a igual trabajo igual salario”, sino desde el principio de “a igual titulación, igual salario”.
Y, como veremos, ese criterio basado en la titulación no solo es un error, sino que está fundamentado en la propia realidad de la educación. Ninguna etapa educativa se encuentra al margen de esa mercantilización de la que hablábamos más arriba, por eso llueve sobre mojado en el colectivo de PTFP. Esta situación es el último paso de un camino emprendido hace tiempo, porque lo que se pretende es convertir la FP en una “Universidad en pequeño”, prestigiando la calidad de la educación por la titulación (la tan manida titulitis que sufrimos en este país) y no por los conocimientos sobre la materia. Esta perspectiva clasista en la que se sustenta el negocio de las titulaciones obtuvo su primera victoria mediante el RD 276/2007, en el que se establecía que las condiciones de acceso para la mayoría de las especialidades de PTFP eran únicamente las titulaciones universitarias. La LOMLOE lo que ha hecho ha sido cerrar este capítulo en las 10 especialidades restantes, en las que esta situación es más sangrante aún porque existen titulaciones como cocina, peluquería o soldadura para las que no existe una titulación universitaria equiparable, a las que en estos momentos pueden acceder economistas o farmacéuticos, pero no trabajadores con titulación de FP.
Esta discriminación del profesorado técnico oculta un negocio escandaloso en la obtención de titulaciones, que está consiguiendo que los beneficios de una minoría determinen la orientación educativa de todo un país. Este es el motivo por el que se están generalizando “titulaciones a la carta”. Por poner un ejemplo, el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, emite desde hace tiempo certificados de especialización, que se están empezando a extender por todo el país. Son certificados “ad hoc” para las empresas, mediante los que se ponen a su disposición los institutos de FP para necesidades concretas y coyunturales. Esta experiencia se ha desarrollado en Vitoria-Gasteiz con Mercedes y tiene también mucho que ver con la difusión de multitud de titulaciones técnicas en la FP y en la Universidad, que dan respuesta puntual a las necesidades de la patronal, a la par que se entrega a las empresas mano de obra barata mediante las prácticas o la formación DUAL.
Por este motivo hay que entender que la reivindicación inmediata no es que el profesorado técnico de Formación Profesional sea profesor de secundaria, sino que tenga sus condiciones económicas y laborales. Es necesario crear un nuevo cuerpo único de profesores de FP, que los englobe a todos con los mismos derechos y respetando sus titulaciones de acceso, como así ha reconocido la propia Ministra de Educación. La mercantilización de la educación no debe hacernos perder la perspectiva de que es el conocimiento práctico, tan necesario para formar a las nuevas generaciones de trabajadores, lo que realmente ha prestigiado a la Formación Profesional, y no la titulación, que muchas veces, poco o nada tiene que ver con lo que se va a enseñar.
La nueva Ley educativa deja desamparados a miles de profesores técnicos de FP
