El pasado 17 de diciembre, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emitía una sentencia declarando nula la pretensión de Alcoa de despedir a 524 trabajadores/as de la planta de aluminio de San Cibrao en la comarca lucense de A Mariña. La sentencia, que devuelve un poco de aliento a las más de 2.000 familias que dependen de la continuidad de la fábrica, confirmaba algo que todos sabíamos: la evidente mala fe de la empresa, y su mal disimulada intención de consolidar las ganancias engrosadas con la explotación de miles de trabajadores, más los beneficios de subvenciones y ayudas, y el incumplimiento de promesas de modernización e inversión en las plantas que jamás tuvieron lugar. El fallo afirma que no existen motivos económicos ni organizativos para proceder al ERE, sino que se trata de una decisión estratégica de la empresa.
La sentencia del TSXG que consta de 303 páginas, viene a legitimar también las posiciones de los trabajadores que por tercera vez consiguen legalmente pararle los pies a la empresa, ya que antes, habían impedido el cambio de los servicios mínimos en la huelga y posteriormente, el TSXG había aprobado las cautelares impidiendo que Alcoa parara las cubas de electrolisis.
Podríamos decir que esta sentencia se produce precisamente en estos términos gracias a la continuada lucha de los trabajadores de Alcoa y de sus empresas auxiliares en un combate común, con el apoyo del pueblo entero de la comarca. Sin embargo, y aún cuando la sentencia supone un espaldarazo a la lucha obrera y a la unidad sindical mantenida, la solución al conflicto sigue pendiente y será necesario reforzar su continuidad con nuevos y decididos pasos adelante, que no van a depender de tal o cual enfoque jurídico, por muy importante que este sea en la estrategia a seguir. Se trata de un paso importante y necesario, pero no es en absoluto suficiente.
Alcoa comenzó su actividad en España en 1998 comprándole INESPAL al gobierno de Aznar a precio de ganga, por el equivalente a 370 millones de euros. Contaba en aquel momento con más de 4.600 trabajadores y diez factorías. Hoy sólo es propietaria de una, con algo más de 1.000 trabajadores. A lo largo de todos estos años, Alcoa se forró a cuenta del Estado: beneficios fiscales y expolio general del dinero público con las variadas subvenciones a la tarifa eléctrica. Mientras, no invirtió un duro en mejorar las instalaciones.
Tras el fallo, que ya fue recurrido por la empresa ante el Tribunal Supremo, se abren varias opciones.
Una es la defendida por el gobierno central y la Xunta, que consiste en “vender” Alcoa, para la que ya aparecieron compradores como Liberty House, o incluso a la SEPI para luego revenderla. Una opción que no augura nada bueno para el colectivo de trabajadores/as. Basta ver las cercanas experiencias de A Coruña y Avilés con AluIbérica. Se compra a precio de saldo y con promesas de inversión y mantenimiento de los puestos de trabajo que acaban siendo falsas. Es la natural actuación parasitaria de las grandes multinacionales o de los fondos de inversión.
La otra opción es la nacionalización, que desde nuestro punto de vista constituye la clave. Desde el inicio, el Comité de Empresa (CCOO-CIG-UGT) invocó la “intervención” de Alcoa. Pero poco a poco, la alternativa de nacionalizarla y colocarla bajo el control obrero va apareciendo como una necesidad cada vez más apremiante para salvar los puestos de trabajo principales, auxiliares e indirectos y el futuro de la comarca, así como para detener el proceso de desertización industrial al que se está sometiendo a Galicia. Ni la venta de la factoría, ni los sistemas de compensación, ni las bonificaciones del Estado, obligarán al capital a garantizar la viabilidad de la planta en un contexto de crisis capitalista como el actual, en el que aumentar los beneficios sólo se puede conseguir con la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Alcoa es una empresa estratégica que comenzó siendo pública y que es necesario expropiar. El gobierno socialdemócrata dispone de instrumentos legales para hacerlo si quiere garantizar los puestos de trabajo; ya “rescataron” bancos, autopistas y otras infraestructuras. Pero la nacionalización de Alcoa sería un peligroso ejemplo de que la lucha obrera sirve para marcar el camino.
Los obreros de Alcoa y las empresas auxiliares dieron abundantes muestras de coraje y resistencia. Ahora deben intensificar su lucha y consolidar sus derechos. Esto es la lucha de clases. Debemos confiar sólo en nuestras propias fuerzas, convergiendo con todos los trabajadores de la industria amenazada, con AluIbérica, con los trabajadores y trabajadoras de As Pontes, de Navantia, con los de Siemens-Gamesa, con Barreras, con Meirama…