Este artículo pretende ser un breve recorrido histórico sobre la memoria histórica —ahora dícese democrática— del PSOE. Si usted, lector o lectora, no dispone del tiempo necesario para seguir leyendo, no se preocupe, todo se resume en un verso de Miguel Hernández: ‘sentado sobre los muertos’. Así, sentado sobre los muertos, lleva el PSOE más de 40 años.
La demanda de la memoria histórica española: verdad, justicia y reparación resulta, cuanto menos, decepcionante. La mayoría de las intervenciones normativas —todas ellas promovidas, dirigidas y/o apoyadas por el PSOE— se caracterizan por su insuficiencia y, muy a menudo, por su desigualdad.
La barbarie franquista
El número de víctimas republicanas de la Guerra Nacional Revolucionaria, según el prestigioso historiador hispanista Gabriel Jackson, teniendo en cuenta la guerra y la represión durante y después de la misma, supera el medio millón.
Entre 1939 y 1942, más de 200.000 personas fueron ejecutadas sin juicio previo, tras procesos sumarísimos o en Consejos de Guerra. En los campos de concentración llegó a haber hasta 700.000 presos. Más de 400.000 personas fueron asimismo encarceladas y aproximadamente 300.000 perdieron su empleo. Aún hoy en día, España es el segundo país del mundo en número de desapariciones con 114.226 hombres y mujeres que permanecen en fosas comunes o cunetas. Aunque no hay número exacto, conocemos que el robo de niños y niñas a mujeres republicanas en cárceles u hospitales fue un hecho sistemático.
Las víctimas en la Transición
En la denominada Transición se sucedieron varios indultos y amnistías, sumamente cuestionables a la luz de los estándares internacionales y referidos a los delitos cometidos con motivación política desde la época franquista hasta ese momento.
La Ley de Amnistía de 1977, redactada y apoyada por la mayoría de grupos políticos, incluidos el PSOE y el PCE carrillista, certificó el ‘pacto de silencio’ y una clara asimetría. Mientras que los luchadores antifascistas sólo se beneficiaron de la amnistía con respecto a los delitos de intencionalidad política, en el caso de las autoridades, funcionarios y agentes de orden público franquistas se amnistiaron ‘los delitos y faltas que pudieran haber cometido (…) con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley’ o ‘contra el ejercicio de los derechos de las personas’.
En 2011 y 2018 diversas fuerzas políticas presentaron propuestas legislativas para derogar o reformar la Ley de Amnistía del 77 que han sido sistemáticamente rechazadas por el PSOE bajo el argumento de ‘no reabrir viejas heridas’.
La Ley de Memoria Histórica del PSOE de 2007
Mariano Rajoy, preguntado sobre por qué no había derogado la Ley de Memoria Histórica, aclaraba que había hecho otra cosa que en la práctica significaba lo mismo: ‘Bueno, la dotación presupuestaria ha sido cero. La media es cero y fue cero todos los años’. No lo podría haber sintetizado mejor.
En su preámbulo, la Ley decía que la memoria de las víctimas de la dictadura era ‘personal y familiar’, que es lo mismo que afirmar que la guerra fue un conflicto entre individuos aislados, la Dictadura un asunto privado y el fascismo un elemento circunstancial ajeno a la política y la lucha de clases.
También en el preámbulo se hablaba de ‘reconciliación’, sin querer admitir que lo que se produjo en nuestro país fue Golpe de Estado fascista contra un proceso popular de mejora general de las condiciones de vida de la clase trabajadora.
La valoración que podemos realizar a 13 años de la Ley es que:
Ha sido una mezcla de grandes gestos simbólicos con escasas medidas concretas y con un elevado número de recomendaciones, códigos de conducta y principios sin presupuesto específico. Mucho ruido y pocas nueces.
Deja una gran parte de su aplicación exclusivamente en las manos de las víctimas, sin responsabilizarse el Estado.
La falta de una Comisión de la Verdad se suma a los obstáculos presentes para el acceso a la documentación oficial.
Falta un compromiso real y efectivo de la Administración del Estado en cuanto a las fosas y exhumaciones.
La declaración de ilegitimidad de sentencias y condenas franquistas no se ha visto seguida por su anulación jurídica. Siguen en vigor.
Respecto a la retirada de monumentos, símbolos y nombres de calles se detecta un abuso de las excepciones admitidas debidas al valor artístico o religioso.
El currículo educativo en la enseñanza obligatoria carece de rigor histórico, maneja un relato parcial e invita al olvido de lo sucedido .
Ni las víctimas ni sus familias pudieron participar en la definición del contenido de la ley.
El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática del PSOE-Unidas Podemos
En las últimas semanas el Gobierno ha presentado un anteproyecto de ley que derogaría la de 2007. Sería lógico pensar, por lo tanto, que la nueva ley viene a dar respuesta a las deficiencias de la anterior. Sin embargo, lamentablemente, no es así.
Según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), el anteproyecto ‘no aclara qué tiene que hacer la familia de una persona desaparecida para dirigirse al Estado y obtener la reparación a la que tiene derecho. El modelo vigente de privatización de las exhumaciones, que delega esta responsabilidad en las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las instituciones’.
Emilio Silva, presidente de la Asociación, afirma que ‘respecto a la Fiscalía que pretende crear el gobierno para investigaciones de la guerra y de la dictadura, el texto no aclara suficientemente cuáles serán sus competencias penales y si se creará un marco jurídico para que la Ley de Amnistía no sea un impedimento para las investigaciones’.
Memoria para construir el futuro que nos robaron
El proceso de construcción normativa relativo a la memoria histórica de nuestro pueblo dirigido por el PSOE se caracteriza por la política del gesto, el oportunismo electoral, la incapacidad real de alterar la situación de las víctimas y sus familias, y el revisionismo histórico. Si es grave que tras 25 años de gobiernos socialistas aún se mantengan en las cunetas decenas de miles de luchadores antifascistas, muchos de ellos militantes socialistas, no lo es menos la ocultación de lo que hicieron los fascistas en España, incluyendo los sectores más reaccionarios de la iglesia católica y de los empresarios.
La memoria no puede ser democrática en tanto no se construya por las mayorías populares en base no sólo a la reparación, la memoria y la verdad del pasado sino, especialmente, con la orientación de construir el futuro que nos robaron. Frente a la sentada socialdemócrata sobre nuestros muertos, hagamos verdad el contiguo verso hernandiano: ¡qué nuestra voz suba a los montes y baje a la tierra y truene!