A nadie se le escapa que las carencias de nuestras viviendas han sido uno de los temas que más nos afectaron durante el confinamiento de marzo por la COVID-19. A unos edificios mal aislados, con humedades o incluso materiales con toxinas, se han ido sumando un aumento del precio de los alquileres y un mercado de viviendas vacacionales que expulsa a las familias trabajadoras de sus barrios. Además, se redujo el porcentaje de la vivienda pública, con 0’9 de piso de protección oficial por cada 100 habitantes. Incluso se oye que sale más barato pagar las mensualidades de una hipoteca que el alquiler, con el peligro de que la clase obrera sufra un mayor endeudamiento y vea con más miedo los posibles despidos por reivindicar sus derechos.
Con la situación laboral que estamos viviendo de ERTE’s, despidos y cierres de empresas, se ha agravado de forma acelerada el problema del acceso a la vivienda. A pesar de las medidas paliativas del gobierno socialdemócrata, volvemos a tener cifras cercanas a las de 2013 en desahucios (con apenas una diferencia del 2%) que posiblemente aumenten en enero de 2021, cuando acabe la suspensión de desahucios aprobada con los decretos de marzo ante el Estado de Alarma.
Pero igual que desde el movimiento obrero y popular nos preparamos para dar una respuesta contra la expulsión de las familias trabajadoras de sus casas, el capitalismo también está preparando el terreno para que se vean con mejores ojos esos desalojos. Y es que llevamos un mes en el que casi todos los días aparecen, en un periódico u otro, en un canal de televisión u otro, noticias sobre okupaciones y desocupaciones.
De nuevo los medios de comunicación obedecen a la mano que les da de comer y manipulan un debate que versa entre el derecho a la propiedad privada (artículo 33 de la Constitución) y el derecho a la vivienda (artículo 47 de la misma). Porque lo que se defiende frente a las ocupaciones no es la vivienda, sino la propiedad privada.
Es curioso que todas las noticias y anuncios de alarmas o de desocupadores intenten llegar a la mayoría social, que somos los y las trabajadoras, asustando con el cuento de que cuando nos vayamos de vacaciones nos van a ocupar nuestra casa y nos vamos a quedar en la calle. ¿Qué vacaciones? Porque muchos hemos sido obligados a agotarlas durante el confinamiento bajo amenaza de despido. Y ¿van a escoger ocupar nuestra casa, con la cantidad que hay de pisos vacíos y posiblemente más nuevos? Pero no es ningún cuento que nos quedaremos en la calle si no pudimos pagar el alquiler y no tuvimos ni ayudas sociales ni rebajas del casero, o no pudimos seguir pagando la hipoteca.
La verdad es que la moraleja de su cuento de la ocupación, a quien interesa es a las entidades privadas. Ahí está el objetivo de todas estas noticias, entrevistas y hasta equipos de investigación: mejorar la imagen del negocio sobre nuestro derecho a la vivienda. Una imagen desgastada en la anterior crisis por el número elevado de desahucios, y que esta campaña intenta recomponer situando a esas entidades privadas como víctimas de los malvados ocupas.
Entre 2008 y 2012 el 85% de los desahucios fueron por créditos debidos a entidades financieras. En 2009 y 2011 tuvimos dos reformas sobre el alquiler y los desahucios, facilitando y agilizando los lanzamientos de inquilinos que no pagaran, para que los propietarios se animaran a alquilar, con 3 millones de viviendas vacías de un total de 26 millones de viviendas. En 2018 se hizo una reforma para luchar contra la ocupación agilizando los trámites siempre que los titulares del derecho de propiedad de la vivienda ocupada fueran personas físicas, asociaciones sin ánimo de lucro o entidades públicas, (quedando fuera las entidades privadas). ¿No nos vale con esas tres reformas más el código penal para luchar contra las ocupaciones? Por supuesto que sí.
En los medios nos dicen que la Justicia va lenta y no existen soluciones ágiles. Pero ello hace necesario mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, no nuevas reformas. Debemos tener claro que si nos ocupan nuestra vivienda están cometiendo un delito perseguible inmediatamente y que si nos ocupan una propiedad la recuperaremos tan rápido como pueda trabajar la Administración de Justicia.
Entonces, ¿a quién interesa una alarma social sobre las ocupaciones y un mayor apoyo a la propiedad privada y al uso de la vivienda como negocio? A las entidades privadas que no tienen esa tramitación tan ágil para desocupar y a las posiciones más reaccionarias que están en contra de muchas de las iniciativas barriales que a lo largo de los años han ido dando uso a edificios vacíos para ponerlos al servicio del pueblo trabajador.
A los trabajadores y trabajadoras, no nos supone ningún riesgo que haya una minoría de personas que ante la imposibilidad de conseguir una vivienda ocupan una propiedad privada para no estar desamparados en la calle o en albergues públicos, ni tampoco los compañeros y compañeras que impulsan un trabajo barrial desde un espacio de una entidad privada y sin usar. Es más, a veces podemos vernos en esa situación. El peligro es el grupo de reaccionarios que se ofrecen a desalojar y a intimidar a compañeros y compañeras defendiendo la propiedad privada frente al derecho a la vivienda. Los enemigos son la minoría que nos niega una vivienda digna, que se enriquece de nuestra necesidad y niega a la juventud trabajadora un futuro independiente.