“Hace falta una comunidad entera para cuidar a una persona” fue el lema de un Encuentro del Programa de Actividades Comunitarias en Atención Primaria, y refleja perfectamente cómo la salud es un bien social y que precisa de una respuesta colectiva.
La pandemia del virus SARS-COV-2 que ha causado, y sigue causando, miles de muertes en todo el mundo por la enfermedad COVID-19, ha puesto de manifiesto y en debate los sistemas de salud de cada uno de los países de todo el mundo, así como el propio de España. Siempre que hablamos de sistemas de salud nuestra visión lo identifica con los hospitales, y en un porcentaje menor, con centros de salud. Sin embargo, los sistemas de salud son mucho más que una cama con un respirador al lado, o una cama con sábanas blancas dentro de una nave industrial de la Feria de Madrid.
La situación de la sanidad pública en España ha ido empeorando de forma considerable desde la aprobación en 1997 de la Ley 15/97 que permitía la entrada de capital privado y la privatización de diferentes servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS). El ejemplo más claro de gestión al servicio de las empresas y del capital, durante la pandemia, ha sido lo que algunos han llamado el IFEMAzo. Mientras los hospitales públicos madrileños duplicaban y triplicaban su número de camas hospitalarias, así como sus camas de UCI, mientras la sanidad privada no era intervenida en su totalidad y no se hacía una correcta centralización de recursos al servicio de todo el pueblo, el ejemplo y galardón de la presidencia y la consejería de sanidad de Madrid era la creación de un hospital de campaña propagandístico en IFEMA.
El modelo de IFEMA, o la llamada colaboración público-privada, supone en definitiva la parasitación del sistema público de salud por parte de las empresas privadas, es un modelo que ya implementó Esperanza Aguirre y su consejero Lasquetty y en el que se vuelve a abrir una brecha sobre el modelo de sanidad. Sin embargo, lejos de plantear un cambio de modelo y proponer un modelo sanitario a la estadounidense, los capitalistas de nuestro país revisten su discurso y propuesta sanitaria hacia una parasitación cada vez mayor del SNS. Y no es que la sanidad pública no sea eficiente o sostenible dentro del marco socioeconómico actual, sin embargo, supone fiel proveedor de capital público para multitud de empresas dentro de la sanidad que se aseguran con sus conciertos que al margen de la situación económica en general, ellos sigan aumentando sus beneficios.
Además, esta pandemia ha puesto de manifiesto una serie de condiciones laborales que operaban dentro de la sanidad y que llevaban tiempo denunciándose. Existen por un lado una multitud de servicios no sanitarios compuestos por los servicios de lavandería, cafeterías, cocina, celadores, limpieza, esterilización y mantenimiento que llevan durante años gestionados por empresas que pujan cada 3-4 años por la gestión y concierto de estos servicios. En este sector vemos cómo los trabajadores sufren bajadas de salarios, adhesiones a convenios colectivos que no les corresponden, falta de material de protección, falta de reconocimiento de su categoría profesional, bajada de ratios, lo cual repercute en despidos, y aumenta la carga laboral de los contratados. Por otro lado, dentro de los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, dentro de las enfermeras y de los médicos el mayor problema que existe es la temporalidad. Esto es debido a la falta de procesos de consolidación de empleo y de oposiciones dentro del sistema público, y provoca una alta rotación del personal, lo que conlleva a una menor especialización y calidad de los cuidados.
¿Cuál es el horizonte dentro de la sanidad? Es necesario que los profesionales de la sanidad entiendan que por un lado es necesario profundizar en sus reivindicaciones laborales y que no se puede volver a dar pasos atrás. El pueblo trabajador debe entender que toda la sanidad, no únicamente en este momento excepcional de pandemia, sino siempre, debe de ponerse al servicio de la mayoría social de nuestro país, al servicio de todos los trabajadores y trabajadoras, y que por más discursos y giros semánticos que nos hagan los gestores del sistema, siempre deberemos defender un modelo público al 100%, de calidad y de acceso universal.