“– Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como ésta? La cortamos.
–Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora?
–Dice ahora… la parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte.
–Eso si que no me gusta nada. Nunca segundas partes fueron buenas. Escuche: ¿por qué no hacemos que la primera parte de la segunda parte contratante sea la segunda parte de la primera parte?”
(Una noche en la ópera, 1935)
No por decirlo más veces, dejará de ser más cierto. Existe una clara, más bien inequívoca distancia, entre lo que este gobierno promete a los trabajadores (fijos y temporales) y lo que los trabajadores (a tiempo completo y tiempo parcial) reciben del mismo.
Como acertadamente definía el abogado Raúl Martínez en una entrevista para un canal de YouTube, la situación es más o menos así: por un lado está lo que el gobierno publicita, (y válgame si saben publicitar), por otro lo que se publica en el Boletín Oficial del Estado y por último la realidad, la cruda y sencilla realidad que nos golpea.
De nuevo, tras otro Consejo de Ministros, los y las trabajadoras de este país podemos observar quién está de nuestra parte y quién está de «la parte contratante de la primera parte». Si algo tenían esos Marx (los hermanos) era su inmensa capacidad para, desde el uso de un lenguaje enrevesado y contrariado (salvo el mudo, se entiende), tergiversar la realidad y a aquellos que en ella se encontraban, bien fueran barones, bien cantantes de ópera o viajeros de tren. Y a este gobierno le pasa un poco (o un mucho) de lo mismo.
Publicita a bombo y platillo que su gestión, Real Decreto a Real Decreto, salvaguardará a la clase trabajadora, sus empleos y recursos, su futuro y el de sus familias, más allá de las plagas sanitarias, en la crisis económica, no ya futura sino presente. Y sin embargo, la estrella de la gestión del gobierno de coalición: la salvaguarda de los empleos (para algunos) y la protección del tejido productivo (para otros) se ve malograda por ese síntoma de los hermanos Marx que infecta gravemente la actuación de alguno de los ministerios de este gobierno. Veamos un ejemplo que lo clarifique.
En el RD 8/2020 de 17 de marzo se regulaba: “Disposición adicional sexta. Salvaguarda del empleo. Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente real decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad”.
Esta era la condición que la Administración exigía a las empresas para abrir la caja de los recursos públicos (50% como mínimo de bonificaciones sobre las cotizaciones comunes a la seguridad social de los trabajadores, pudiendo ser del 100% en empresas de menos de 50 trabajadores) y las modificaciones legales en la solicitud y en la ejecución de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo motivados por Fuerza mayor. Hasta ahora, sólo en los casos en los que la fuerza mayor derive de acontecimientos catastróficos naturales que supusiesen la destrucción total o parcial de la empresa o centro de trabajo impidiendo la continuidad de la actividad el empresario se podría exonerar del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Debemos tener en cuenta que, según datos del Ministerio de Industria Comercio y Turismo, previos a la declaración del Estado de Alarma, las empresas de menos de 50 trabajadores generan en nuestro país más de 6 millones de empleos, el 30% del total en las casi 2’9 millones de empresas que existen . Además, si sumamos los autónomos a las empresas de menos de 50 trabajadores, juntos significan el 98% de nuestro tejido empresarial.
He aquí la importancia de proteger esos empleos, para el gobierno, desde una óptica de futuros y de análisis de costes de prestaciones y mantenimiento de «pax social», aun a cuenta de flexibilizar si quiera más, si cabe, la legislación laboral.
Pero he ahí que cuando aún no han trascurrido 30 días hábiles desde su publicación y, lo que es más flagrante cuando hay trabajadores que no han cobrado su prestación vinculada a esos ERTEs, este gobierno dobla una vez más el espacio-tiempo de la relación laboral, en parte de los trabajadores (faltaría más) y en el RD 18/2020 de 12 de mayo enmendándose a sí mismo, viene a decir:
No se considerará incumplido dicho compromiso (el del mantenimiento del empleo durante seis meses) cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora. Tampoco por el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando éste no suponga un despido sino una interrupción del mismo. En particular, en el caso de contratos temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación…
Y una vez más, de las muchas que nos esperan, si no hacemos algo, la ecuación no falla. El gobierno publicita la protección de los trabajadores. El BOE, publica las excepciones (que realmente son la regla para poder dejar fuera hasta 4 millones de trabajadores). Y la realidad, la fría realidad, es que en este país se firman unos dos millones de contratos y más del 90% son de carácter temporal, y muchos de estos últimos no llegan ni a una semana de duración. Una parte importante en fraude de ley.
La realidad, una temporalidad que es el doble que la de nuestros vecinos europeos, tanto en el sector privado como en el público. La realidad, una tasa de desempleo cercana al 15% (sin contar ERTEs) y subiendo. La realidad es que nuestro gobierno, la coalición socialdemócrata, propone que esos puestos de trabajo, sí podrán ser finiquitados. La realidad: aplausos desde la bancada de la patronal.
De nuevo la crisis sobre las espaldas de aquellos trabajadores con una menor relación de estabilidad en sus puestos de trabajo, de nuevo sobre los que menos tienen y de nuevo financiados por la administración. Mal augurio nos espera. Continuará…