La pandemia del COVID-19 en España ha puesto de relieve la problemática de la producción en el sector agrícola y ganadero y en específico la de sus trabajadores. Durante los meses previos a la crisis sanitaria, el sector primario comenzó a movilizarse en un complejo escenario en el que se entremezclaban distintos intereses de la patronal agrícola, los productores por cuenta propia y todos aquellos que viven en el mundo rural. Entre sus reivindicaciones estaba la exigencia de mejores precios por parte de los monopolios de la industria y comercialización de alimentos en beneficio del productor directo y todo esto en un desequilibrado reparto de las subvenciones de la Política Agraria Común-PAC de la Unión Europea que benefician a los grandes propietarios de la tierra en España.
La fuerza de trabajo en el sector primario en España y el trabajo inmigrante
España fue y aun es, uno de los mayores productores agrícolas de Europa. Eso sí, primero el desarrollo de la industrialización a finales de los cincuenta y sesenta del siglo pasado y posteriormente la tercerización de la economía con el aumento del turismo y los servicios de industria y finanzas, tras nuestra entrada en la UE han conferido a la agricultura, en el diseño de nuestra estructura económica, una débil representación porcentual tanto del empleo como de la conformación de nuestro Producto Interior Bruto.
En el sector primario español coexisten diferentes formas de producción, con diversas realidades de composición orgánica de capital (es decir, la relación entre la masa de los medios de producción y la fuerza de trabajo viva, Borísov, Zhamin y Makárova 1965).
Por un lado, la producción de secano de las Castillas y Aragón con sus cultivos de cebada y trigo, sus producciones de regadío; de remolachas, maíz, legumbres y hortalizas, necesitadas de una importante introducción de maquinaria y adelantos técnicos principalmente en los fertilizantes y los fitosanitarios representada por la importancia del peso del capital constante. Y por otro lado, la producción de arroz del levante y Cataluña, los frutos con hueso – melocotones, paraguayos , cerezas- murcianos, pasando por la fresa, la aceituna y las hortalizas de invernadero andaluzas, la vid extremeña y de Castilla-La Mancha y como no en la producción de cítricos valencianos, básicos en nuestra balanza comercial agrícola, todos ellos con una importante necesidad de explotación de la fuerza de trabajo, sobre todo de carácter temporal.
Por otra parte, en otros lugares de España se desarrolla una explotación agrícola y ganadera basada en el trabajo por cuenta propia, contando con la colaboración de los miembros de la unidad familiar y que se enfrenta a un proceso de intensificación del capital para competir con otras producciones con contratación de mano de obra. En este modelo nos encontramos con la producción lechera y cárnica de la cornisa cantábrica en la que todavía perduran los trabajadores por cuenta propia y sin mano de obra contratada.
En nuestra agricultura coexiste una variada forma de relaciones de propiedad sobre la tierra con grandes propietarios beneficiados de las subvenciones europeas, pequeños propietarios en régimen de seguridad social por cuenta propia y sus familias y los trabajadores asalariados.
Según datos de la Seguridad Social en España en febrero de 2020 trabajaban asalariadas más de ochocientas mil personas, lo que suponía un 5% del total de trabajadores asalariados en España, mientras que trescientos mil eran trabajadores por cuenta propia, es decir, empresarios agrícolas, terratenientes, pero también agricultores y ganaderos que ejercen su actividad sin contratación de asalariados y producen bajo un modelo de reparto de tareas entre la unidad familiar.
La entrada en la Comunidad Económica Europea y posterior Unión Europea aceleró el proceso de concentración de la producción en un menor número de productores con la necesidad de contratación de mano de obra. Así durante las últimas décadas la patronal agrícola ha sometido a condiciones de trabajo miserables y extenuantes a estas más de ochocientas mil personas y recurriendo a la sobreexplotación de trabajadores migrantes.
Según los datos del Servicio de Empleo Público Estatal, en el 2018 se celebraron en el sector de la agricultura y ganadería 1.338.511 contratos a trabajadores extranjeros, suponiendo que la mitad de los contratos agrícolas se realizaron a trabajadores foráneos. Y ahora nos debemos preguntar ¿cuáles son las condiciones de trabajo y salario para que haya esta desigual proporción en relación con otros sectores como la industria y los servicios? Creo que no es necesario dedicarle muchas palabras, sólo hace falta leer las denuncias de las organizaciones sindicales y sociales relativas a las condiciones de trabajo en el campo.
Los salarios del campo son los más bajos de los trabajadores regulados por estatuto, vinculados únicamente a las condiciones básicas (sin comparación en la construcción , la industria o en la mayor parte de los servicios, vinculados a convenios) . Desde luego los incrementos mínimos que se han producido en el salario mínimo interprofesional durante el año 2019 y 2020 no perjudican al sector; el sector se ve perjudicado por las políticas de concentración de grupos económicos que presionan los precios en origen en la búsqueda de un incremento de sus márgenes en la distribución y la comercialización.
El COVID-19 y las posibles cosechas sin cosechar
Marx y Engels señalaron que “[…] el Poder público viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”, y pese a las afirmaciones de los sectores más reaccionarios de la política española, el gobierno de España atiende a las necesidades de la gran patronal, y claro también, a la de la patronal agrícola.
Debemos acostumbrarnos a que antes de la publicación en los Boletines Oficiales del Estado, desde los medios de comunicación nos vayan alarmando de la necesidad de tomar medidas ante determinadas problemáticas. Así, la semana previa a la publicación del Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario, los telediarios publicaban noticias del riesgo de no poder realizar la cosecha de muchos frutos de temporada y por lo tanto el desabastecimiento de alimentos para la población no sólo en España, sino también en otros países europeos. Incluso, empresarios agrícolas lamentaban que la fuerza de trabajo disponible no aguantaba dos días en la faena y se marchaban. Claro está, aunque no lo manifestaba, como echaba de menos el no poder exprimir a la fuerza de trabajo migrante.
¿Cómo soluciona los problemas de la patronal agrícola el gobierno de coalición socialdemócrata PSOE-Unidas Podemos?
A través del Real Decreto-Ley 13/2020 el Gobierno aprueba que determinados colectivos despedidos por los cierres de empresas puedan compatibilizar el cobro de sus prestaciones por desempleo y además poder percibir el salario por el trabajo en el sector agrícola. De esta manera, la patronal puede seguir pagando los salarios de miseria del campo, aunque eso sí, ya señala en la normativa que se deberá aplicar el Convenio Colectivo que corresponda o en su defecto el Salario Mínimo Interprofesional vigente. Significativo que el Gobierno tenga que insistir otra vez en la ley algo que debería ser por norma, el pago según Convenio o el SMI en todos los sectores de la producción.
Con el objetivo de que la patronal pueda seguir exprimiendo mano de obra migrante barata, el Gobierno establece medidas de ampliación de los permisos de trabajo para aquellos que finalizasen su permiso entre el inicio del Estado de Alarma y el 30 de junio, así como para jóvenes entre 18 y 21 años nacionales de terceros países que se encuentran en situación regular.
En el último año, hemos visto como la extrema derecha lanzaba su ataque hacia los trabajadores migrantes y en especial contra los menores no acompañados con el objetivo de confundir entre la clase obrera cual es nuestro verdadero enemigo de clase. Paradojas de la vida, hoy la patronal agrícola racista y xenófoba tiene que acudir a estos miles de trabajadores migrantes para que puedan seguir convirtiendo las frutas y alimentos en mercancía y extracción de plusvalía para sus ganancias privadas.
A modo de conclusión
El capitalismo está basado en la apropiación privada de los beneficios mientras que la producción es colectiva. El Estado de los capitalistas, gobierne un sector liberal o socialdemócrata, pondrá los medios necesarios para salvaguardar esa apropiación privada.
Además, a pesar de la magnitud de la actual crisis sociosanitaria, independientemente de las consecuencias sobre la vida, bajo el capitalismo toda la economía gira en torno a satisfacer la reproducción ampliada de capital. Es decir, toda la política se dispone para que el proceso productivo bajo apropiación privada continúe su ciclo, a pesar de los costes de salud sobre la clase obrera. Esta crisis ha demostrado palpablemente que es la fuerza de trabajo la fuente creadora del valor y riqueza.
No hay que pasar por alto también que las políticas migratorias de los estados capitalistas vienen determinadas por la necesidad de fuerza de trabajo barata y no por pretendidas razones humanitarias.
En definitiva, los problemas del sector agrario, el constante abandono de población de los pueblos y el mundo rural no serán solucionados bajo el capitalismo; por lo que es necesario más pronto que tarde su sustitución por un modelo que establezcan la socialización de los medios de producción a través de granjas estatales y cooperativas agrícolas.
Nos va la vida en ello y la supervivencia de nuestra propia especie.