Recientemente Alberto Garzón, ministro de Consumo del gobierno de Pedro Sánchez, ha presentado el “Proyecto de Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego”. Título ambicioso que se concreta en un paquete de 100 medidas para intentar frenar la ludopatía. Un problema social en auge que según estadísticas oficiales —y un perfil tipo— se centra casi en exclusiva en los barrios obreros.
Los intentos de regular el juego en España no son nuevos. De hecho, se da una curiosa paradoja, fue el gobierno socialista, el de Zapatero, quien creó la Ley 13/2011 de Regulación del Juego que sentó las bases de la problemática actual. Si no fuese un drama sería gracioso, ya que ahora el ministro de otro gobierno socialista cataloga dicha ley como “la ley de la selva” porque, según él, el problema es que “ahora mismo no hay regulación de ningún tipo”. Desde el 2011 hasta ahora se han hecho varios cambios legales sin éxito para regular esta nueva lacra.
A falta de un análisis pormenorizado del proyecto de Real Decreto lo que se busca es una “estrica regulación” del juego online. Se quiere regular pero no se quiere eliminar el negocio que hay detrás del juego. Las medidas estrellas son la limitación de las ofertas de captación a bonos de no más de 100€, la prohibición de anuncios a productos relacionados con menores, publicidad sin famosos, la identificación de la edad de los jugadores en los servidores, la reducción de la publicidad en un 80% y acotadas a determinadas franjas horarias, a excepción de los partidos de futbol de máxima audiencia a partir de las 20:00. Cuando todo el país se siente a ver el Madrid-Barça, las empresas podrán legalmente promocionarse para captar nuevos ludópatas. Cumpliendo todo lo dicho, hay vía libre para que las casas de apuestas sigan haciendo negocio a costa de nuestro dinero y salud. Es un drama, pero es legal.
Garzón reconoce que el problema son las casas de apuestas presenciales. Esas que crecen y crecen en cada barrio obrero y nadie toca. Esas que mientras este Real Decreto sale adelante seguirán existiendo y aumentando. Esas que dependen de las CCAA y donde cada normativa se limita a establecer mayor distancia en metros respecto a centros educativos, de 100 metros a 700 metros… como si la pereza de andar 1 kilómetro superase a una adicción patológica reconocida oficialmente por la OMS.
Se argumenta que la prohibición de la publicidad no solucionará nada, al contrario, lo empeorará todo porque aparecerá el juego ilegal. Dicen que será incrontolable y se pone el ejemplo de Italia. No se habla de como los equipos de fubtol transalpinos -ávidos de ingresos millonarios- presionan constantemente para tumbar la ley. Defienden que controlar el mercado es la mejor forma para acabar con una adicción, como si administrar las dosis por el estado acabase con la heroína.
La solución inmediata es la “estricta regulación” de la nueva heroína, nada de prohibición o confrontación con las empresas. Establecer horas, mayoría de edad y publicidad para frenar la adicción. Antes de las elecciones no lo veían así, no nos lo vendían así. Ahí el punto 139 del programa de Unidas Podemos hablaba de acabar con el 90% de las casas de apuestas online y presenciales en dos años. Ahora la moratoria es lo suficientemente amplia como para seguir destrozando vidas.
El Ministerio habla de “un paso de gigante”, de que lo cambian todo, y lo dice sonriendo, como si anunciase una victoria. En el tercer trimestre de 2019 el juego online movió 4.567 millones y tributó menos. España tiene la tasa más alta de ludópatas de toda Europa entre 14 y 21 años. Lo del paso de gigante no lo entienden las asociaciones de ludópatas y los jóvenes de la Coordinadora contra las casas de apuestas de Madrid que le hicieron un escrache y tildan de ridículas e insultantes sus 100 medidas. Tampoco lo hizo Codere, la única empresa que cotiza en la Bolsa española. No se sintió amenazada. Aunque sus acciones cayeran más tarde, el anuncio de Garzón les hizo crecer un 7’6% en Bolsa.
Cuando uno aspira a hacer políticas propias de un gigante primero debería aspirar a serlo, tener altura de miras. Estar dispuesto a cuestionar la base del sistema que engendra esta nueva adicción, cuestionarlo todo, donde haga falta y a quien haga falta. Partirse la cara por los que dice defender. El ministro tiene en el bolsillo el carnet de un partido que hace décadas se enfrentó a retos mucho más poderosos, de esos que parecían imposibles de superar, de los que planteaban cambiar la vida tal como la conocíamos. El PCE fue consciente de lo que enfrentaba la juventud de nuestra clase y se vistió de David sin miedo, ni tibieza. La “estricta regulación” del drama no puede ser la política de quien se vanagloria por ser ministro comunista décadas después de Vicente Uribe. Haciendo política así, de momento, los gigantes son otros.