Cuando nos referimos a servicios públicos, normalmente nos vienen en primer lugar a la cabeza dos: sanidad y educación. Si seguimos pensando nos acordaremos de los servicios de emergencia, donde los bomberos son su máxima expresión en el imaginario colectivo, vendrá a nuestra mente el servicio de correos, las basuras, y así un gran listado donde, seguramente, la justicia gratuita sea lo último en lo que podamos pensar. Principalmente por desconocimiento.
Si alguien nos lo chiva al oído, rápidamente pensaremos en los abogados del Turno de Oficio, una institución a punto de cumplir 200 años. No obstante, la Justicia Gratuita va más allá de ese abogado que se designa para que lleve un caso cuando la persona no tiene recursos para costearse uno privado. Existe también el SOJ, Servicio de Orientación Jurídica.
Según la definición del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) «atienden e informan al ciudadano sobre el ejercicio de sus derechos (defensa de sus derechos, tramitación de sus reclamaciones judiciales y obtención de asistencia jurídica gratuita)». Los podemos encontrar en los Juzgados pero también en el llamado SOJ municipal, en Centros de Servicios Sociales y de los Centros Municipales de Mayores del Ayuntamiento de Madrid. Desde 1989 este servicio se prestaba a través de un Convenio con el ICAM.
La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, establece que los SOJ exclusivamente se pueden prestar a través de los Colegios de Abogados. Dentro de resolver las dudas y facilitar la información pertinente, el SOJ municipal tramitaba la Justicia Gratuita, paralizaba los plazos procesales ante el Juzgado, las Ejecuciones, recurría las Rentas Mínimas de Inserción. Esto se acabó. O eso pretenden.
El 24 de mayo de 2019 el Consistorio de Madrid, aún de Manuela Carmena, decidió sacar a concurso público este servicio. Es decir, cualquier persona natural o jurídica que acredite su solvencia económica, financiera y técnica podría encargarse de este servicio. El nuevo gobierno municipal no ha modificado ni un ápice la postura, mostrando que la mano izquierda y la mano derecha del capital son partes del mismo cuerpo. Pero sin desviarnos, ¿qué supone eso en la práctica? Que donde otrora se encargaba una entidad de Derecho Público, el ICAM, de gestionar y organizar, cuando en teoría no había un interés económico, y seleccionaba para ello a través de un examen a los colegiados más preparados que se presentasen, ahora habrá una entidad privada, es decir, una empresa que pondrá primero su búsqueda de beneficio, y al frente a trabajadores abogados a los que pagar, cuanto menos mejor.
Porque es el momento de decirlo, o de recordarlo, hay una tendencia a la proletarización de todas las capas medias. Y los letrados no están exentos. En 2017 las diez empresas jurídicas más grandes de nuestro país facturaron 1.179 millones de euros. Basta una charla con la multitud de licenciados y graduados en Derecho que trabajan como asalariados en las grandes firmas para que nos cuenten lo efímero e irrisorio de sus derechos laborales; casi plena disposición, multitud de horas extras sin pagar, inexistencia de conciliación familiar. Sin hablar ahora de los despachos extranjeros que también operan aquí con las mismas prácticas laborales. La última crisis del capitalismo arrasó con multitud de pequeños despachos e impidió que otros nuevos fuesen abiertos tendiendo a la acumulación del capital en las empresas más grandes, llevando a un buen número de abogados, veteranos y noveles, a formar parte del ejército de los trabajadores.
La situación esperpéntica no acaba aquí. El papel que está jugando el ICAM en defensa de la abogacía es lamentable. Se ha limitado a realizar un recurso contencioso-administrativo. Ninguna concentración, ninguna medida de presión. Si uno fuera un mal pensado diría que la actual dirección del ICAM, con su decano a la cabeza, defiende sin miramientos los intereses de los grandes despachos. Si uno fuera tremendamente retorcido, diría que al decano le auparon las multinacionales jurídicas para emplear el ICAM como lobby al ser una entidad con una ingente financiación y presencia institucional. Eso solo podría entenderlo uno de aquellas palabras del propio decano en las que afirmaba que sus amigos de los grandes despachos, de los que él viene, le pidieron que se presentase, incluyendo en sus propuestas un Convenio Colectivo para la abogacía. Uno a estas alturas de la película se acuerda del refrán castizo: “piensa mal y acertarás”.
Así nos encontramos el ingredientes perfectos para el cóctel mortal a un servicio público. Por un lado un sector cada vez más desregularizado, como ejemplo las multas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a los colegios de abogados por establecer un baremo de precios, por otro cantidad de dinero en licitación pública y para rematar un colectivo profesional sin tradición de las luchas propias del movimiento obrero.
El ataque que hoy recibe el SOJ Municipal es un ataque al conjunto del pueblo trabajador de Madrid, como lo es cuándo atacan la sanidad o la educación. La privatización solo puede ir en detrimento de la calidad del servicio y de las condiciones laborales de los futuros abogados que asesoren. Además supondrá una merma en los derechos de las personas justiciables, los usuarios a la postre, pues se duplicarán trámites y se les eximirá de algunas funcionalidades.
No es un combate de un único round. Tomen nota. Primero van a por el SOJ Municipal, y después continuarán con el Turno de Oficio, tal vez no en el segundo, pero no duden que antes de que suene la campana del duodécimo asalto, antes de que termine la pelea querrán lanzar el golpe de gracia. Algunos bufetes, de esos que son grandes empresas, cogerán casos de los llamados pro bono para limpiar su imagen social y dejar que sus nuevas incorporaciones se fogueen. Al final el capitalismo todo lo fagocita y aquello susceptible de ser asimilado para obtener beneficio se encontrará en riesgo mortal.
Tienen los abogados y las abogadas de Madrid dos retos por delante, que además deben llevarse de la mano; el primero la defensa del SOJ Municipal por la defensa de sus condiciones de vida como colectivo, por la vocación social de la abogacía, el segundo, involucrar al conjunto de la clase trabajadora en la defensa de Justicia Gratuita como servicio público que debe defenderse en contra de la rapiña. Un camino sin el otro solo lleva a una vía muerta.