En las elecciones generales del pasado 28 de abril muchos trabajadores dieron su apoyo al PSOE, que también fue respaldado por sectores juveniles que ejercían por vez primera su derecho al voto viendo amenazados sus derechos por el empuje de la extrema derecha.
Es un hecho constatado: la socialdemocracia gestionará el capitalismo español durante los próximos años, valiéndose de eso que llaman “geometría variable”, que en términos populares no es más que aquello de ir con los de la plaza y venir con los del mercado. Y, además, lo va a hacer con una oposición de mínimos de la nueva socialdemocracia, pues Unidas Podemos ha dejado claro que su máxima aspiración es ayudar a Sánchez a gobernar el capitalismo.
Pero el próximo 26 de mayo estamos llamados de nuevo a las urnas y convendría votar con un poco de memoria. El movimiento obrero debe ser capaz de levantar la cabeza por encima de la inmediatez y ser capaz de analizar lo que han representado los gobiernos de la socialdemocracia, con o sin ayuda, desde aquellas ya lejanas elecciones generales de 1982, en las que el PSOE obtuvo más de diez millones de votos (48,1%), generando una inmensa ilusión en amplios sectores de la clase obrera y de la juventud que muy pronto se vería defraudada.
Conviene recordar cómo en 1984, con la excusa de luchar contra el paro, el Gobierno de Felipe González aprobaba la Ley 32/1984, por la que se extendía la contratación temporal, rompiendo la causalidad en la contratación, con la legalización de hasta catorce modelos de contrato temporal; introduciendo numerosas bonificaciones fiscales a los empresarios (con la disculpa de estimular la contratación), extendiendo la contratación a tiempo parcial y facilitando el despido colectivo en empresas de menos de 25 trabajadores. Esa primera reforma laboral del PSOE sentará las bases del actual mercando laboral, en el que la contratación temporal, asentada en un fraude masivo, pasará a ser la norma. Ojo al dato: según un informe de CCOO de 1989, la tasa de temporalidad pasó de un 10% antes de la reforma de 1984 a un 31,5% en 1990.
Conviene recordar que, un año después, les tocó el turno a las pensiones. El Gobierno del PSOE aprobaba la Ley 26/1985, por la que se endurecían las condiciones para acceder a las pensiones y se redujo su cuantía. Aumentaban de 8 a 10 los años de cotización necesarios para acceder a la pensión y se modificaba el sistema de cálculo, pasando a computarse los últimos 8 años de cotización en vez de poder elegir 2 de los últimos 10 años, como se hacía hasta entonces. Un año después, con la Ley 8/1987, se daba apretaba nuevamente la puerta, abriendo paso a las políticas de privatización del sistema público de pensiones mediante la aprobación de los fondos de pensiones. La clase obrera no sólo era golpeada durante su vida laboral, sino también durante la jubilación, lo que afectó de manera especialmente negativa a las trabajadoras.
Conviene recordar las palabras de Felipe González, a finales de 1983, cuando pedía a los españoles “un esfuerzo de comprensión para darse cuenta de la necesidad de proceder a una reconversión industrial, que es fundamental para nuestra puesta al día europea, entremos o no en el Mercado Común”. La llamada reconversión industrial, emprendida como respuesta a la crisis capitalista de 1973, fue un proceso de destrucción masiva de fuerzas productivas (especialmente en el sector industrial, en el agrícola y en el pesquero) que se intensificó, como pedía Felipe González, como requisito para la firma del Acata de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, que entró en vigor el 1 de enero de 1986. Esas políticas se tradujeron en un inmenso sufrimiento para la clase obrera. Regiones enteras fueron golpeadas. Se ejerció una tremenda represión contra la resistencia de los trabajadores que luchaban contra la destrucción de HUNOSA, ENSIDESA, los Altos Hornos de Vizcaya, los Altos Hornos de Sagunto, los astilleros de Ferrol, Gijón, Cartagena y Cádiz. Todo por obra y gracia de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre reconversión y reindustrialización, que plasmaría la política tacheriana del PSOE, que con el plauso de la patronal y bajo una lluvia de toletazos y pelotas de goma lograría destruir 2.700.000 puestos de trabajo.
Conviene recordar la propuesta de Plan de Empleo Juvenil de octubre de 1988, proponiendo entre otras medidas un contrato basura para jóvenes de entre 16 y 25 años, por el salario mínimo interprofesional, con una duración de entre 6 y 18 meses y con amplias exenciones en las cuotas de la seguridad social para los capitalistas, que produjo una respuesta masiva de nuestra clase obrera con la huelga general del 14-D, la última gran lucha en la que no sólo se detuvieron los planes de la patronal, de la Comunidad Económica Europea (hoy UE) y del gobierno capitalista, sino que se lograron conquistar nuevos derechos parciales con una inmensa movilización obrera que, tras años sufriendo agresiones, logró poner contra las cuerdas al gobierno de la socialdemocracia.
Pero también conviene recordar que, poco después, las piedras del Muro Antifascista de Berlín caían sobre la cabeza de la clase obrera con el apoyo y la participación entusiasta de la socialdemocracia. La contrarrevolución avanzaba y pronto desaparecería la Unión Soviética y el resto de los países socialistas de Europa. Llegaba 1992 y, además de la Expo, el PSOE nos regaló un Real Decreto recortando las prestaciones por desempleo, tanto en su cuantía como en su duración, endureciendo todos los requisitos para acceder a la prestación. Llega 1993 y el PSOE nos regala un aumento de la duración de los contratos temporales y las prestaciones por desempleo dejan de estar financiadas por los presupuestos generales del estado. Todo ello, bajo la disculpa de cumplir con la exigencias del Tratado de Maastricht. La Unión Europea, recordemos…
Llegó 1994 y el PSOE aprobó la Ley 11/1994, por la que se generalizaron más aún los contratos basura, esta vez con el contrato de aprendizaje; se extendió el despido objetivo, introduciendo las causas productivas y organizativas; se introdujo la llamada flexibilidad interna, de la mano de la intensificación de la movilidad geográfica y funcional de los trabajadores; y se ataca la eficacia general de los convenios colectivos, potenciando la individualización de las relaciones laborales en detrimento de la negociación colectiva.
Y recordemos, muy especialmente, la aprobación a propuesta del Gobierno del PSOE de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, rompiendo con el monopolio que hasta entonces tenía el INEM en las políticas de colocación y empleo, que pasan a convertirse en un negocio privado de mano de empresas que hasta entonces eran consideradas como traficantes de trabajadores en el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores. ¿El argumento? Véase la exposición de motivos de esa ley: “desde finales de los años sesenta, los países centrales de la Unión Europea… han venido regulando la actividad de las empresas de trabajo temporal por entender que su actuación, cuando se desarrolla de manera debidamente controlada, lejos de perjudicar a los trabajadores por ellas contratados puede canalizar un volumen muy importante de empleo…”. De nuevo la Unión Europea y de nuevo el PSOE, como con la reconversión, como con Maastricht…
Y claro… recordemos que estas políticas llevaron al PSOE a la oposición en 1996, pues Felipe González, al que José María Cuevas (entonces presidente de la CEOE) calificó como “el gran converso”, aunque había aplicado como nadie la política de la patronal, se había desgastado contrarreforma a contrarreforma, en un momento en que los escándalos de corrupción masiva se hacían públicos y, también, aquel feo asunto del terrorismo de Estado y de la cal viva, etc. Tocaba sacar del banquillo al Partido Popular para proseguir en la senda iniciada por el PSOE, en la senda de sentido único de la Unión Europea.