El Gobierno de coalición –este y el anterior– no deja de intentar sacar pecho por medidas económicas que, como ellos bien defienden, no han hundido a la economía española, pese a las vociferaciones de algunos. Otro cantar, y a menudo hablamos de ello en Nuevo Rumbo, es que las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría trabajadora no dejen de deteriorarse, que llevemos años perdiendo poder adquisitivo o que cada vez resulte más difícil costearnos el tener un techo bajo el que vivir. Pero digamos que intentan demostrar que ellos «gestionan» mejor que los gobiernos del PP, y de hecho ponen bastante empeño en señalar cómo de distinta es su gestión. Ahora bien, es en algunas otras medidas, como la inexistente derogación de la ley Mordaza y sobre todo en el ámbito internacional, donde el actual Gobierno está realizando esfuerzos más bien escasos por distinguirse del PP: compromiso hasta los tuétanos con la OTAN, récords de aumento de gasto militar, apertura de una nueva base militar en Baleares… Y con el pueblo saharaui ha firmado una de las páginas más infames de lo que podría denominarse la izquierda en España.
El caso del Sahara Occidental es una de estas vergüenzas en las que hasta los más firmes defensores del Gobierno PSOE-Sumar (o PSOE-Unidas Podemos) no pueden hacer otra cosa que bajar la cabeza y tratar de correr un tupido velo para no reconocer lo que es evidente: el Estado español ha dejado vendido al pueblo saharaui, congraciándose con otras potencias imperialistas, y ha dejado así «atado y bien atado» el mismo conjunto de intereses que lo llevó a traicionar al pueblo saharaui en 1976.
Por recapitular brevemente el desarrollo de este conflicto, desde el inicio de la colonización de África, el Sahara occidental (primero como colonia y después como provincia número 53) fue parte de España hasta que, en 1976, ante la invasión de Marruecos conocida como «marcha verde», nuestro país abandonó el Sahara a su suerte, a pesar de ser la potencia administradora reconocida por la ONU para este territorio no autónomo.
Desde entonces, la República Árabe Saharaui Democrática y el Frente Polisario han resistido contra Marruecos y luchado por su derecho a la autodeterminación a través de un referéndum. La ONU también ha venido pidiendo la celebración de esta consulta a través de resoluciones, pero España ha dejado de lado sus responsabilidades, permitiendo que Marruecos ocupe ilegalmente este territorio y cometa violaciones de los derechos humanos.
Sobre el papel, España tenía la responsabilidad de administrar el Sahara occidental mientras se preparaba la celebración de este referéndum. En la práctica, ha permitido a Marruecos bloquear esta consulta mientras este progresaba en su ocupación del Sahara, construyendo un muro de más de 2.700 kilómetros en territorio ocupado ilegalmente para permitir su explotación económica, y facilitando el establecimiento de empresas (muchas de ellas españolas) para explotar sus recursos.
Así llegamos a 2020, cuando el presidente estadounidense Donald Trump reconoce la soberanía marroquí del Sahara occidental vía tuit. Tras esta señal, y buscando congraciarse con EE.UU. en un contexto –la guerra de Ucrania– en que la exportación de gas natural toma mayor relevancia, el Gobierno de Pedro Sánchez envía una carta en marzo de 2022 a Mohamed VI, rey de Marruecos, en la que considera la propuesta de autonomía del Sahara bajo soberanía marroquí del 2007 como «la base más seria, creíble y realista» para la resolución del conflicto en el Sahara occidental.
A priori, esto podría parecer una nueva «traición» de Pedro Sánchez, pero el expresidente Jose Luis Rodriguez Zapatero se encargó de recordarnos que él ya apoyó públicamente y mientras era presidente la propuesta marroquí de 2007 de «amplia autonomía» un año después de ser presentada. El Gobierno de Mariano Rajoy, por su parte, tampoco modificó esta postura, excluyendo al Sahara de la agenda de la cumbre entre los Gobiernos de España y Marruecos celebrada en 2015. Como se puede ver, no hay nada realmente novedoso en la posición de España al respecto del Sahara, tan solo una actualización de lo que ya se venía haciendo.
En los últimos años han sido varias las potencias internacionales que se han sumado a esta posición. Sólo como apunte para ubicarnos, en 2023 esta misma postura ha sido compartida por el Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, y durante este pasado mes de julio otras potencias europeas como Francia también han suscrito que la propuesta de autonomía del Sahara occidental de Marruecos es «la única base» para solucionar el conflicto.
Pero ¿qué gana España reconociendo la propuesta de autonomía dentro de Marruecos? Los acuerdos económicos entre España y Marruecos son fundamentales para la economía de ambos países. En palabras de la ministra Reyes Maroto, «Marruecos es nuestro principal socio comercial en África», y por ello constituye un país prioritario en la estrategia «Horizonte África», con la que España busca «apoyar la internacionalización de las empresas españolas en el mercado africano y favorecer una creciente y sólida presencia española en el continente». En este sentido, destaca el protocolo financiero firmado entre España y Marruecos en febrero de 2023 que «duplicará la capacidad de ejecutar nuevos proyectos en Marruecos a cargo de empresas españolas, con un importe global de 800 millones de euros», con apoyo del Instituto Español de Comercio Exterior. Resulta evidente que una mejora de las relaciones internacionales con Marruecos es muy beneficiosa para la clase capitalista española, que es la que realmente condiciona la política de nuestro Gobierno, como estas decisiones muestran.
En definitiva, si ampliamos un poco la mirada y dejamos de lado lo que dicen unos y otros, podemos ver que este Gobierno ha continuado el camino marcado por sus antecesores: alinear a nuestro país con el resto de potencias europeas en beneficio del capital español. Es evidente que ni este ni ninguno de los posibles Gobiernos que puedan surgir de la oposición parlamentaria actual tienen en mente los intereses de la clase trabajadora española, tampoco los del pueblo saharaui.
Por último, resulta irónico ver cómo mientras al Gobierno se le llena la boca de hablar de progreso y avance, consuma una quietud de casi 50 años. Los distintos Gobiernos españoles de las últimas décadas llevan parados todo este tiempo, desobedeciendo el mandato de la resolución 2711 de la ONU, permitiendo la ocupación ilegal de Marruecos y la persecución del pueblo saharaui. Lo que sí han progresado han sido los intereses de los monopolios españoles y de las potencias imperialistas de nuestro bloque. El avance siempre ha sido para ellos. Cuando se habla de progreso, en abstracto, se corre el riesgo de perder de vista al progreso de quién nos estamos refiriendo. Y el pueblo saharaui lleva demasiado tiempo varado y sin posibilidad de avanzar.