Septiembre es un mes extraño: un nuevo curso comienza y docentes, estudiantes y familias volvemos a encontrarnos con una educación pública hasta arriba de problemas, pero a la vez el curso pasado todavía no está tan lejos, por lo que es un buen momento para reflexionar sobre las batallas dadas. De esta forma podemos sacar conclusiones útiles para el momento presente. El presente artículo está escrito a cuatro manos entre un profesor de Madrid y otro de Andalucía, por lo que pedimos, de manera anticipada, perdón al lector por centrar los ejemplos en nuestros territorios; somos conscientes de que nuestro sector se ha movilizado en huelgas y manifestaciones en otros territorios como Valencia, Euskadi, Asturias o Castilla La Mancha entre otros, pero a su vez consideramos que las conclusiones a las que hemos llegado son válidas para cualquier docente en toda la geografía nacional.
Hablemos del año pasado: en la educación pública madrileña, el curso ha estado marcado casi enteramente por la negociación del acuerdo sectorial. En este, el caballo de batalla inicial de la mayoría de los sindicatos ha sido la reducción del horario lectivo en Infantil y Primaria (de 25 a 23) y en Secundaria, FP y Bachillerato (de 20 a 18) junto con bajadas de ratios y mayor cupo de profesorado entre otras propuestas. Sin embargo, ante la débil oferta de la Consejería madrileña, que solo contemplaba la bajada de lectivas en el cuerpo de Secundaria, la asociación intersindical de STEM, CGT y CNT convocó una huelga de tres días seguidos, el 27, 28 y 29 de febrero, que se saldó con un seguimiento bajo pero que marcó el comienzo del ciclo movilizador.
Tras la retirada de la oferta y el bloqueo de las negociaciones por parte de la Consejería, los sindicatos de la mesa (CCOO, ANPE, CSIF y UGT) convocaron otras dos jornadas los días 8 y 21 de mayo, a las que también se convocó desde la intersindical. Fueron estas las jornadas de huelga unitarias más exitosas desde la Marea Verde, triplicando el seguimiento de las de febrero y las del anterior curso, con manifestaciones en el centro de Madrid de miles de docentes.
En Andalucía, la huelga también partió de una negociación en la mesa sectorial, en este caso por el aumento de plantillas docentes y otras medidas, en un contexto en el que miles de interinos se encontraban sin poder trabajar. La Consejería de Educación mareó a los representantes sindicales en diferentes reuniones que no concretaban en qué centros o tipos de centros se debía aumentar esas plantillas. Fue una estrategia para ganar tiempo. Así, en abril, con buena parte del curso ya transcurrido, la Consejería rompió la negociación unilateralmente alegando la inexistencia de Presupuestos Generales del Estado, un argumento de pantomima cuando las competencias en Educación son de las comunidades autónomas. Esta ruptura de la negociación llevó a CCOO, ANPE y USTEA a convocar huelga para el 14 de mayo, a la que posteriormente se sumó CGT. En aquellos centros en los que había un sustrato previo de movilización (asambleas, plantillas que recordaban las luchas del pasado), la huelga salió razonablemente bien. Sin embargo, en los que dependieron por completo de que apareciese un liberado del sindicato a informar de la misma, el seguimiento fue desigual.
El relativo éxito de estas movilizaciones aún no se ha concretado ni en Madrid ni en Andalucía en ninguna victoria en la negociación. Pero no podemos tildar de inútiles las huelgas del pasado curso, y es que a lo largo del mismo se crearon y desplegaron decenas de asambleas de docentes que en sus centros organizaron las movilizaciones y que hoy son la principal herramienta de combate para las batallas de este curso.
Quizá sea el momento de madurar nuestra estrategia de combate, dejando de lado las visiones corporativistas y el juego parlamentario de muchas direcciones sindicales. Nos toca tejer la unidad, desde cada instituto o colegio, del profesorado (funcionarios e interinos) y del resto de la comunidad educativa en defensa de una educación pública de calidad para la clase obrera. El objetivo inmediato no tiene que medirse en la mayor o menor capacidad de imponer un acuerdo puntual beneficioso en una mesa de negociación, sino en el grado de organización de los trabajadores de las enseñanza y el resto de la comunidad educativa para enfrentar de manera cohesionada y viva los diversos ataques a la enseñanza pública.
El sindicato de clase es una herramienta esencial para ello, y es clave entender que el sindicato lo formamos los trabajadores y trabajadoras sindicadas, y que no debemos esperar simplemente a la estructura sindical para organizar a nuestros compañeros y compañeras, sino que es deber de cada uno de nosotros conocer nuestros derechos laborales y defenderlos. Debemos generar asambleas de trabajadores allá donde se pueda para que en los conflictos que están por venir partamos de una base organizativa más fuerte. Debemos, además, tejer la alianza de la comunidad educativa en cada centro y en los sindicatos, aunando la lucha de profesores, maestros, estudiantes, AMPAS y PAS en la defensa de unos intereses comunes que planteen un sistema educativo público y de calidad para nuestra clase.
No esperamos gran cosa de una u otra estrategia negociadora, sino que confiamos en exclusiva en las fuerzas de nuestra clase organizada. No parece un camino fácil, pero sabemos que es el único posible y tenemos todo el curso por delante para comenzar a recorrerlo.