«Nadie se va a quedar atrás» fue posiblemente la frase más repetida de los representantes del Gobierno durante la gestión de la crisis catalizada por la pandemia. Se repitió machaconamente en comparecencias públicas, entrevistas o mensajes en redes sociales. Como ya sabemos, el Ejecutivo de Sánchez puso en marcha una gran batería de medidas contempladas en lo que denominaron «Escudo Social» y desplegó una frenética actividad legislativa.
Tal y como hemos denunciado en numerosas ocasiones en las páginas de Nuevo Rumbo, las políticas del Gobierno de coalición socialdemócrata beneficiaron —y siguen haciéndolo— esencialmente a los capitalistas, pese a la atronadora propaganda gubernamental que se empeñaba en anunciar el carácter social de todas sus medidas y el enfoque radicalmente distinto con el que afrontaba la gestión de esa nueva crisis, a diferencia de la temible gestión antipopular de la crisis de sobreproducción de 2008.
Precisamente, a finales de 2021, tras la firma del acuerdo de la última reforma laboral entre Gobierno, sindicatos y patronal, Yolanda Díaz, detallaba en un hilo de Twitter los principales ejes del Acuerdo y señalaba, entre otras cuestiones, lo siguiente: «Tras la experiencia de la pandemia, los ERTE han venido para quedarse. Incorporamos lo aprendido y combinamos la protección social con la flexibilidad interna. Si la crisis de 2008 se afrontó con recortes salariales y despidos, ahora consolidamos un modelo alternativo».
Ese «modelo» no era alternativo, ni novedoso, ni siquiera original del Gobierno de España, sino que se inserta en una vuelta de tuerca de los principales organismos capitalistas, un modelo sociolaboral en que la clase que crea la riqueza se ve cada vez más sometida a las necesidades que en cada momento tiene la clase social que acapara la riqueza. De ningún modo, ese supuesto «modelo alternativo» pretendía alterar las bases en las que sustenta la explotación capitalista en España, ese modelo venía precisamente a apuntalarla y legitimarla ante la mayoría trabajadora.
Más recientemente, ante las consecuencias de la guerra en Ucrania o la galopante inflación, la tónica fue similar: implementar medidas mediante las cuales el Estado inyectaba miles de millones de euros para paliar los efectos del brutal encarecimiento del coste de la vida, mientras no se alteraban —ni siquiera se ponían en cuestión— los beneficios empresariales que batían todos los récords. Eso sí: no faltó, de nuevo, todo un envoltorio cosmético para estos paquetes de medidas que sirviera para aparentar su comprometido carácter social.
Tras toda esta pátina social de las políticas del Gobierno, ha habido dos elementos fundamentales sobre los que han pivotado sus principales medidas: los fondos europeos y las políticas fiscales expansivas propuestas desde las instituciones capitalistas supranacionales. Por un lado, como ya hemos analizado, los fondos europeos están sirviendo para inyectar miles de millones de euros para la transición digital y la transición ecológica, abriendo nuevos nichos de negocio para el capital y promoviendo el aumento de la productividad de los monopolios, pero detengámonos en el segundo elemento: esas políticas fiscales hasta ahora expansivas, pero que parecen tener los días contados.
Vuelta a la «austeridad»
Ya comienza a retumbar en el seno de la UE esa expresión tan familiar para la mayoría social trabajadora de que «toca apretarse el cinturón», tan manida por representantes políticos, patronales y medios de comunicación en épocas pasadas. Como tantas veces, el mensaje no va dirigido a quienes se les caen los pantalones por llevar los bolsillos llenos, sino que deben apretarse el cinturón los de siempre, cuyo cinturón ya no tiene un agujero más por habérselo apretado en innumerables ocasiones.
Y es que en el último pleno del Parlamento Europeo antes de echar el cierre por las elecciones del próximo 9 de junio se han aprobado las nuevas reglas fiscales del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se recupera tras cuatro años congelado por la pandemia y la guerra en Ucrania. Esta suspensión pone fin a una etapa en la que se permitió a los Estados miembro disparar la deuda y el déficit para sortear las crisis con expansión del gasto, pero una vez que la Eurocámara ha dado luz verde al nuevo marco fiscal, los Estados estarán obligados a retomar los llamados parámetros de Maastricht, es decir, a limitarse a unos máximos del 60 % de deuda y del 3 % del déficit con respecto al PIB. Recordemos que, al cierre de 2023, la deuda pública de España se sitúa en el 107,7 % del PIB.
La aprobación de estas nuevas reglas fiscales no ha estado exenta de debate, siempre dentro de los estrechísimos márgenes de gestión capitalista, y antes de su ratificación en el Parlamento Europeo ya había sido fruto de intensas negociaciones entre los ministros de Economía de la Eurozona a finales del año pasado, cuando la ex ministra de Economía Nadia Calviño prestó sus últimos servicios pilotando las negociaciones como presidencia del Consejo de la UE, antes de pasar a ser la presidenta del Banco Europeo de Inversiones.
Calviño acercó las posturas más duras de Alemania y los denominados «frugales» (Holanda, Luxemburgo, Finlandia o Austria) y las de los países que reclamaban más flexibilidad, como Francia, Italia o Portugal. Pero esta flexibilidad no se traducía, por ejemplo, en margen para implementar políticas sociales, sino que, como afirmó la propia Calviño, «se introdujo a lo largo de la negociación una serie de salvaguardas que permiten garantizar que se va a producir esa reducción sostenida de la deuda (…) y que todo el marco va a preservar las inversiones en las prioridades europeas». ¿Y de qué prioridades habla Calviño? Pues las ya mencionadas transiciones verde y digital, objeto de gigantescas inyecciones de fondos europeos, además del gasto en Defensa, porque ya sabemos eso de que, si formamos parte de la OTAN, «hay obligaciones que cumplir».
Se abre una nueva etapa, especialmente crítica para la socialdemocracia patria, tan empeñada en hacernos ver que se habían extraído importantes lecciones de las nefastas consecuencias de las políticas de austeridad. A partir de ahora, PSOE y Sumar van a encontrarse ante la disyuntiva de tener que continuar vendiendo el carácter social de su gestión mientras lidian con las estrecheces provocadas por el retorno del Pacto de estabilidad. Cuando se ponga freno a la «buena marcha» de la economía por el dopaje de dinero público, cuando se deje de estimular la economía con inversiones públicas que son subvenciones directas e indirectas a grandes empresas, veremos qué subterfugios, creativos argumentos e ingeniosos motivos se emplean para justificar la adopción de medidas abiertamente antipopulares.
No olvidemos que las nuevas reglas del Plan de Estabilidad contemplan planes de ajuste del gasto anual pactados con la Comisión Europea de un período de cuatros años para reconducir las cuentas de aquellos países más endeudados, como España, que podrá ampliarse a siete años si se adoptan reformas estructurales e inversiones dirigidas a las prioridades de la UE, la cual, como ya hemos analizado, no contempla los intereses de la mayoría social trabajadora, ni sus necesidades de trabajo, vivienda, salud o educación. Según los cálculos realizados por las principales centrales sindicales de Bélgica, España, Italia y Francia, las nuevas normas del Plan de Estabilidad impondrán 72.900 millones de euros al año en recortes presupuestarios sólo en estos cuatros países.
Ya sea con memorándums, troikas y hombres de negro o con fondos europeos, pactos verdes y planes de recuperación y resiliencia, la naturaleza de la UE no cambia. Con austeridad o sin ella, la UE es, ante todo, una unión de Estados capitalistas, y existe, fundamentalmente, para garantizar la existencia de un mercado único y de gran tamaño, que concentra y centraliza el capital para permitir a los monopolios europeos competir, dentro y fuera de sus fronteras, en las mejores condiciones posibles contra los monopolios de otras regiones.
El fantasma de la austeridad vuelve a rondar Europa. Frente a ese fantasma, es preciso retomar aquel que da comienzo al preámbulo del Manifiesto Comunista, «el fantasma del comunismo». Porque, como también señala el Manifiesto, «la historia de toda la sociedad hasta ahora existente es la historia de la lucha de clases», y la UE y sus políticas y nuestra firme respuesta ante ellas es un capítulo más de esa lucha.